Nunca se había visto otro tal. La mayoría conservadora del Tribunal Constitucional obedeciendo ciegamente al PP y Vox y enfrentándose al Congreso de los Diputados, el órgano democrático directo de la soberanía nacional. Ocurrió el jueves, 15 de diciembre del año en curso y suscitó una alarma política impropia de un Estado social y democrático de derecho. El “ruido de togas” o pretendido “golpe” al Parlamento se resolvió cuando el presidente y los conservadores del TC entendieron que su camino estaba bloqueado. Un episodio que demuestra una vez más la deriva retardataria de la cúpula del Poder Judicial y la renuencia del PP de Feijóo a acptar los resultados de las elecciones generales de hace tres años. Y además pide elecciones generales ya.

El presidente del TC Pedro González-Trevijano demostró una obediencia lanar a la dirección del PP cuando, inmediatamente después de haber recibido un escrito de este partido y de los representantes de la extrema derecha en el Congreso, convocó un pleno para suspender urgentemente la tramitación de la reforma con la que el Gobierno y la mayoría del Parlamento pretenden desbloquear la renovación del propio TC. Era lo que le pedían el PP y Vox. En los pasillos del Congreso los dirigentes socialistas y la propia presidenta Meritxell Batet mostraban su sorpresa por la intentona de bloquear también la tarea legislativa del máximo órgano de la soberanía nacional.

Las horas de incertidumbre acabaron cuando cinco de los once miembros del TC, tenidos por progresistas, dijeron por escrito que necesitaban tiempo para abordar un asunto tan complejo y relevante como el propuesto. Entonces González-Trevijano y sus cinco colegas conservadores se vieron atrapados, sin cuórum, y decidieron posponer la reunión al lunes próximo. Se resolvió así (de momento) el “choque de trenes” entre las dos altas instituciones del Estado. El Pleno del Congreso abordó por la tarde las reformas del Código Penal y del CGPJ para desjudicializar la política y desbloquear la renovación del TC. En el debate se reprodujeron las posiciones del PP, Vox y Cs contra los cambios en los delitos de sedición y malversación. Nada nuevo, ninguna aportación de la derecha para facilitar la convivencia y las relaciones con Cataluña y el País Vasco.

Las reformas fueron aprobadas por 184 votos a favor frente a 64 en contra y una abstención. El PP, cuya portavoz, Concepción Gamarra, leyó desde la tribuna los nombres de los condenados del “procés” catalán, incluyendo al expresident de la Generalitat, Carles Puigdemont, asumió la conspiración de sus dirigentes con el TC no participando en la votación. La reforma entrará en vigor en cuanto el Senado dé su visto bueno la próxima semana. Y con ello bastará la mayoría simple del caduco CGPJ para designar a los dos magistrados del TC que le corresponden. El Ejecutivo ya ha nombrado los dos suyos y solo faltan los que la cúpula del Poder Judicial se niega a aportar desde septiembre pasado.

Después de una jornada de gran tensión política, con el presidente Sánchez en Bruselas, las palabras del portavoz socialista en este trámite, Felipe Sicilia, sirvieron de colofón para disgusto de de Gamarra y los conservadores: “Hace 41 años, la derecha quiso parar el pleno y la democracia y hoy ha vuelto a querer pararla con togas y no ha podido”. Va a ser verdad que el PP de Feijóo no acaba de asumir el resultado de las elecciones generales de hace tres años y de ahí su tabarra de elecciones ya.