La peregrina teoría puesta en circulación por la Vicepresidente Primera (en lo sucesivo V1) sobre el boicoteo al que somete el Instituto Nacional de Estadística y otros organismos y analistas privados a sus cuentas sobre la evolución económica de España este año ha hecho fortuna. Seguramente bastaba con observar los datos de empleo de los últimos doce meses y comprobar el ritmo de crecimiento de los empleos fijos a tiempo parcial (220 %) y de los fijos discontinuos (525,89%) para constatar que la variable del paro sin matices es suficiente para poner en duda la marcha del conjunto de la economía.

No se habla de la pérdida sistemática de productividad, por esa misma debilidad estructural del factor trabajo y también por la variables características de cada actividad sectorial y por otros imponderables, como los desajustes de oferta en materias primas, componentes y suministros que afectan a economías abiertas como la española. Los nervios de la V1 y sus destemplanzas con analistas rigurosos, públicos y privados, no van a hacer que suba el Producto Interior Bruto más de lo que lo viene haciendo. Aunque es entendible su disgusto por el escaso brillo que obtienen sus cifras macroeconómicas, después de enterrar miles de millones procedentes de los ingresos fiscales extraordinarios y del gigantesco endeudamiento al que ha recurrido.

En la estrategia del Gobierno para intentar su permanencia en el poder es muy importante utilizar la economía como bálsamo para otras disfunciones creadas por él mismo y que han provocado un grado de tensión inusitado en el país. Pero es que la economía no evoluciona como para fardar de ella y lo que iba a ser la tabla de salvación, que era el diluvio de millones de euros de los fondos europeos, se está volviendo contra su imagen de eficacia y están mostrando su incapacidad administrativa para sacarlos adelante.

Baste como ejemplo la petición de prórroga que ha realizado el Ejecutivo ante Bruselas para poder cumplir las inversiones y reformas a las que se comprometió hace un año apenas. Esta declaración de impotencia, junto con las reiteradas sospechas de Bruselas sobre el empleo de los fondos, que ha motivado algunas advertencias sobre el envío de funcionarios que hagan un seguimiento exhaustivo de los recursos enviados, deja en muy mal lugar al conjunto del país. ¿Se trata de un problema funcionarial? ¿La administración  carece de capacidad personal y técnica para hacerse cargo de distribuir con la máxima eficacia económica y pulcritud los millones que envía la Unión Europea? Las advertencias de la ministra Montero (de Hacienda) a los funcionarios en los últimos días dan a entender que ya tienen cabezas de turco a quienes adjudicar los fallos registrados y los que vengan.

Entramos en un año electoral en el que el Gobierno cifra todas sus expectativas en la economía, ya que su debilidad intrínseca no tiene remedio. El embalsamiento de los fondos europeos no distribuidos le puede acabar beneficiando (excluyo la malevolencia de que haya sido el propio Ejecutivo quien lo haya provocado para ser aún más pródigo en 2023). El relativo éxito obtenido en la lucha contra la inflación podría ser otra palanca electoral, a menos que el Banco Central Europeo siga con su rigurosa política monetaria y nos acabe acercando a nosotros al estancamiento. Otra variable a tener en cuenta es el efecto que la desastrosa situación institucional por la que atravesamos afecte a la prima de riesgo y que ésta se dispare, pese a la tutela prometida por Bruselas.

Tengo mis dudas de que la economía sirva de bálsamo electoral para el Gobierno. Otros ni siquiera cuentan con ese recurso.