La evolución de los precios de consumo se caracterizó, en España y en otras economías, por ritmos de crecimiento relativamente bajos durante el período comprendido entre 2013 y 2020, lo que dio pie a una orientación muy expansiva de las políticas monetarias durante toda esa etapa. Sin embargo, esta fase prolongada de baja inflación a escala global se ha truncado desde comienzos de 2021, y
ha dado paso a un repunte muy pronunciado (que ha motivado un giro en el tono de las políticas monetarias), señala un análisis elaborado por José González Mínguez, Samuel Hurtado y Alberto Urtasun, del Departamento de Análisis de la Situación Económica del Banco de España, y Danilo Leiuva-León, del Banco Central Europeo (BCE), y publicado por el Boletín Económico del Banco de España,  “De la energía al resto de componentes: la generalización del fenómeno inflacionista”.

En España, la tasa media de variación del índice armonizado de precios
de consumo (IAPC) entre 2013 y 2020 había sido del 0,6%. Sin embargo, entre diciembre de 2020 y septiembre de 2022 esta tasa ha aumentado de forma sostenida, pasando del –0,6% al 9%, tras alcanzar en julio de 2022 su valor más elevado desde septiembre de 1984.

Las causas últimas que explican esta aceleración de los precios son diversas. Entre ellas, la rápida e intensa recuperación de la demanda tras el levantamiento de las
restricciones más severas en respuesta a la pandemia (que, en parte, obedeció a la contundencia de las políticas económicas de soporte a la actividad). Además, las restricciones dificultaron el consumo de determinados servicios, con lo que una parte de la demanda de estos se desplazó hacia la adquisición de bienes, generando un exceso de demanda.

«La oferta ha tropezado con dificultades para satisfacer esa demanda, por un conjunto variado de factores, que incluyen las dificultades logísticas a que dio lugar la crisis sanitaria, la escasez de determinados inputs productivos y, más recientemente, la guerra» provocada por la invasión de Ucrania por Rusia.

Inicialmente, el repunte de la inflación se ciñó al componente de precios energéticos, por las subidas de los precios del petróleo (que afectaron a los precios de los carburantes) y del gas natural y de los permisos de emisión de carbono (que impulsaron fuertemente los precios de la electricidad).

Pero, a partir del otoño de 2021, se sumaron al repunte inflacionista los componentes
de alimentos y, cada vez en mayor medida, los servicios y los bienes no energéticos. «Esta secuencia temporal sugiere que la generalización del alza de la inflación podría, hasta cierto punto, ser el resultado de los efectos indirectos derivados del aumento de los precios de la energía», subrayan los expertos.

En comparación con el período previo a la pandemia, tiene lugar una intensificación de la transmisión de las variaciones en el precio de la energía a los precios no energéticos de la cesta de consumo. Como resultado, «una mayor persistencia de los fenómenos inflacionistas, con consecuencias potencialmente adversas para la actividad económica, particularmente si los agentes incorporaran estos desarrollos a sus expectativas de inflación a medio plazo y, por tanto, a los procesos de
formación de precios y salarios».

A pesar de su incremento reciente, la traslación de los costes energéticos
(y de otras materias primas) a los precios de venta de los bienes y servicios, y el impacto de la inflación sobre las demandas salariales, están siendo, hasta la fecha, limitados.

«Sin embargo, la elevada magnitud, en comparación histórica, de los efectos de los aumentos en los precios energéticos sobre el resto de los precios sugiere la existencia de riesgos en el futuro», advierten los expertos del Banco de España y del BCE.

En los dos últimos años ha habido perturbaciones muy poderosas (como la reapertura gradual de las economías tras la fase más intensa del confinamiento, los cuellos de botella en los procesos productivos o las consecuencias de la invasión rusa de Ucrania) que han concurrido con el encarecimiento de las materias primas energéticas y no energéticas.

De esto se deduce que los efectos asociados a los precios de la energía están capturando una parte del impacto de esas otras perturbaciones. «La inflación generalizada de costes en los primeros estadios de la cadena productiva, como consecuencia del aumento simultáneo de los precios de muchas materias
primas, ha podido multiplicar sus efectos sobre las etapas posteriores de los procesos de producción, dando lugar a una propagación más amplia de los aumentos de precios entre las distintas categorías de bienes y servicios», apuntan.

Pero estos expertos sugieren otra causa: la elevada intensidad del aumento de costes
energéticos ha conducido a que las empresas ajusten sus precios con una frecuencia mayor de lo habitual ante shocks de magnitud más reducida, frente a los cuales los incentivos para ajustar precios son menores.

Por eso hay que fijarse en las implicaciones de las oscilaciones de los precios del petróleo y del gas sobre los precios de los bienes y servicios no energéticos. «En otros episodios históricos, los cambios intensos en el coste de la energía habían discurrido a través del precio del petróleo. Sin embargo, en esta ocasión el encarecimiento se ha
extendido al gas. Tanto los carburantes (obtenidos a partir del petróleo) como el gas y la electricidad (en cuya fijación de precios desempeña un papel clave el propio gas) forman parte de la cesta de consumo de los hogares», argumentan estos expertos.

«Además, el petróleo, el gas y la electricidad intervienen, en cantidades y proporciones muy heterogéneas, en los procesos productivos a través de los que se obtienen el resto de los bienes y servicios», insisten.