Antonio Cañete, secretario general de la patronal catalana de la pequeña y mediana empresa, Pimec, y portavoz nacional de la Plataforma Multisectorial contra la Morosidad reclama al nuevo Gobierno que presida Mariano Rajoy que “la lucha contra la morosidad se considere un proyecto de competitividad de país”.

La plataforma ha pedido al PP que establezca un régimen sancionador para atajar los abusos, así como la figura del mediador y la agilización de los procedimientos judiciales, al tiempo que se establece un plan de reducción de la deuda histórica de las admnistraciones públicas y evitar así la sangría de cierres de pymes por inanición en el cobro de sus facturas. Cañete ha señalado que la Plataforma ya ha emprendido acciones judiciales contra la asociación de ferreteros Cofedal y la compañía Leroy Merlin

Para Antonio Cañete, “la morosidad es probablemente la causa más importante del cierre de empresas y de la pérdida de puestos de trabajo en nuestro país”. Así lo ha dicho en su intervención en el marco de la plataforma de debate empresarial Cornellà Creació Fòrum. El secretario general de Pimec ha confirmado en su ponencia que tres de cada cuatro cierres de empresas se deben a la demora en los pagos. Cañete insiste en la necesidad de dar un giro aprovechando la última modificación de la Ley de Morosidad ante un Auditorio de Cornellà que ha contado con la asistencia de más de un centenar de empresarios.

Cultivo de corrupción

“La crisis actual lleva a muchas empresas a tomar decisiones duras contra los morosos que todavía empeoran la situación financiera de sus negocios”, ha denunciado Cañete, que ha recordado que las palabras del húngaro Janos Bertok, de la OCDE, para quien “la morosidad constituye un cultivo para la corrupción, ya que no sólo hace daño a las empresas y a sus proveedores, sino que es un riesgo potencial de que se use el poder de forma inadecuada”.

Ahora, con la nueva ley de morosidad y la nueva normativa europea se auguran cambios positivos para luchar contra esta lacra que ha conducido a muchas empresas al cierre definitivo de sus actividades. El cargo de la patronal catalana ha añadido que la morosidad “afecta directamente a las necesidades de financiación de las empresas y a su liquidez, que son sin duda los grandes problemas de las pymes y de los autónomos en el actual contexto”.

Los bancos no aceptan deudas municipales

Por su parte, la patronal catalana Cecot, para dar cumplimiento a una petición de información del Síndic de Greuges de Cataluña, ha realizado un sondeo para conocer los efectos de la crisis económica entre sus empresas asociadas en materia de morosidad. Un dato importante de cara a la liquidez de las pymes es que el 89% de las empresas admiten que las entidades bancarias no les han aceptado negociar el compromiso de cobro de la administración, es decir, que no pueden descontar papel de la administración a cambio de liquidez. Sin embargo, sólo el 16% de empresas afirma que no seguirá trabajando por la administración.

En general, la situación es más acusada en las pequeñas y medianas empresas, que funcionan con una gran dependencia del crédito a corto plazo y con unas limitaciones de tesorería que hacen especialmente complicada su actividad en el contexto económico actual. Se han recogido un total de 400 cuestionarios válidos de pymes de toda Cataluña asociadas a la patronal Cecot. La recepción del cuestionario ha sido vía correo electrónico y la coordinación se ha llevado desde el Club Cecot Financiero & Fiscal.

El 87% de las facturas vencidas es de ayuntamientos

De entrada, de las pymes que han respondido el cuestionario, un 38% afirman tener facturas vencidas pendientes de cobro por parte de la administración local. El 87% de estas facturas pendientes pertenecen a los Ayuntamientos, el 8% a Consejos Comarcales y el 5% restante a las Diputaciones.

En cuanto a los plazos vencidos de las facturas, los ayuntamientos son la administración local que acusa a un plazo mayor (76% de las facturas vencidas de 3 meses a 1 año de atraso, y un 13% de las facturas vencidas a más de un año), y las Diputaciones son la administración que más reduce el plazo máximo de facturas vencidas (el 59% de las facturas vencidas en esta administración es de 3 meses). Los Consejos Comarcales tienen un 45% de facturas vencidas desde hace 4 meses.

La opinión general de las empresas que han respondido el sondeo en relación a si se han incrementado los plazos de pago en los últimos 3 años, el 92% de los consultados afirma que sí y, en un 46%, considera que este incremento es del 50% respecto a años anteriores. En respuesta de las empresas, el porcentaje de facturas no cobradas sobre el total del volumen de facturación de la empresa es, en el 59% de los casos entre el 10 y el 75% de la facturación. Y  el 55% de empresas afirman que los impagos sí ponen en peligro la continuidad de la empresa.