España es uno de los países con mayor grado de cumplimiento de las recomendaciones realizadas por la Comisión Europea: los avances se sitúan por encima del promedio de la Unión Europea, con un 72% de éstas con al menos cierto progreso en la implementación, según “Semestre Europeo 2022 y el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia”, elaborado por Daniel Alonso, del departamento de Economía Internacional y Área del Euro del Banco de España, y María de los LLanos Matea, de Análisis Estructurales y Estudios Microeconómicos, y publicado en el Boletín Económico.

No obstante, España ha recibido cuatro recomendaciones específicas para 2023:

• garantizar una política fiscal prudente mediante la limitación del incremento de los gastos corrientes, que esté encaminada a garantizar una reducción gradual de la deuda y la sostenibilidad de las finanzas públicas a medio plazo, así como la utilización de los fondos del MRR y del REPowerEU para aumentar la inversión
  pública en los ámbitos de la transición ecológica y digital y la seguridad del abastecimiento energético.
• continuar con la ejecución de su Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR) y presentar los documentos de programación de la política
  de cohesión 2021-2027 con vistas a iniciar su aplicación.
• aumento de las tasas de reciclado para alcanzar los objetivos de la UE y la promoción de la economía circular.
• reducir la dependencia respecto de los combustibles fósiles, simplificando los procedimientos de concesión de autorizaciones y mejorando el acceso a la red
  eléctrica para las instalaciones descentralizadas y el autoconsumo, así como respaldando las inversiones en interconexiones energéticas, almacenamiento, infraestructuras de redes, electrificación de los edificios y del transporte, e hidrógeno renovable, y aumentando la disponibilidad de viviendas sociales energéticamente eficientes y asequibles

España tendrá más recursos para poder cumplir con las recomendaciones de la Comisión Europea. Como consecuencia del mayor impacto sobre la actividad económica de la pandemia con respecto al que se preveía a finales de 2020, España, junto con otros cinco países, va a recibir una mayor cantidad de fondos de lo que se previó inicialmente: 77,2 mm de euros (un 11% más), lo que representa el 22,9% del total de los fondos asignados, frente al 20,6% que suponían antes de la actualización.

25% de cumplimiento de los compromisos adquiridos

A finales de abril, España presentó su Programa Nacional de Reformas 2022, con el que se dio el visto bueno a la petición de un nuevo pago de los fondos de Next GenerationEU, por valor de 12.000 millones€. Recogía el cumplimiento de 40 hitos y objetivos, que, sumados a los 52 hitos y objetivos cumplidos en el primer semestre de 2021, supone casi el 25% de los compromisos adquiridos con el Plan de Recuperación.

Entre los principales hitos alcanzados se encuentran los avances en las reformas del sistema de pensiones, con los que se ha garantizado el poder adquisitivo de éstas mediante su revalorización con el IPC, se han introducido incentivos al objeto de retrasar la edad de jubilación y se ha sustituido el factor de sostenibilidad aprobado
en 2013 por un nuevo mecanismo de equidad intergeneracional.

Además, el Plan de Recuperación contempla cambios adicionales que deberán completar la reforma de las pensiones, al objeto de garantizar su sostenibilidad financiera, preservar su adecuación y suficiencia, y garantizar la equidad intergeneracional. Algunas medidas han sido aprobadas a lo largo de este año (por ejemplo, un nuevo sistema de cotización de los empleados por cuenta propia y una reforma para impulsar los planes de pensiones de empleo), mientras que otras permanecen en discusión (tales como la modificación del período de cálculo de la base reguladora o el aumento de la base máxima de cotización acompañada de una adaptación de la pensión máxima).

El compromiso adquirido en las disposiciones operativas del Plan de Recuperación fija el cuarto trimestre de 2022 para terminar la reforma de las pensiones, momento en el que deberán publicarse proyecciones del sistema que muestren que los cambios introducidos garantizan su sostenibilidad a largo plazo.

En el ámbito laboral, se han modificado los tipos de contratos para favorecer la contratación indefinida y la formación, se ha creado el mecanismo RED21 para reforzar la estabilidad del empleo y la flexibilidad interna de las empresas, y se ha reducido la temporalidad en el empleo público. La modernización del sistema de formación profesional y la regulación de los trabajadores que se dedican a actividades de
reparto a domicilio utilizando plataformas digitales también ayudarán a una mejora del
funcionamiento del mercado de trabajo.
En el ámbito verde y digital, se ha aprobado la Ley de Residuos y Suelos contaminados para una Economía Circular, la Hoja de Ruta de la Energía Eólica Marina y Otras Energías del Mar, la Estrategia de Movilidad Segura, Sostenible y Conectada, y la Carta de los Derechos Digitales, a la vez que se han aprobado medidas fiscales para acelerar el despliegue de la red de 5G.

También se han aprobado la Ley General de Telecomunicaciones (finales de junio) y la Ley General de Comunicación Audiovisual  (principios de julio); se han puesto en marcha medidas para fortalecer la resiliencia, el crecimiento económico y la cohesión territorial, como la modernización de la Agencia Tributaria, la aprobación del Plan de Acción para la Atención Primaria y Comunitaria, y la mejora del funcionamiento de la cadena alimentaria.

En relación con el espíritu empresarial y las microempresas, se han dado pasos significativos con la Ley Crea y Crece, la reforma de la Ley Concursal y la Ley de
Startups. Por otro lado, la Ley de Vivienda se encuentra en trámite parlamentario.