El exconsejero socialista de Innovación Francisco Vallejo, condenado a siete años y un día de prisión; el exviceconsejero de Innovación Jesús María Rodríguez Román, condenado a seis años de cárcel; y el ex director general de IFA/IDEA Miguel Ángel Serrano, condenado a una pena de seis años, seis meses y un día de prisión, han entrado en la cárcel de Sevilla I para cumplir sus penas impuestas por la Sección Primera de la Audiencia de Sevilla, por un delito de malversación derivado del mecanismo o «procedimiento específico» de financiación de los expedientes de regulación de empleo (ERE) fraudulentos y ayudas arbitrarias a empresas, con cargo a los fondos autonómicos.

Por la mañana entraba en prisión el exconsejero de Empleo y Desarrollo Tecnológico José Antonio Viera, otrora secretario general del PSOE de Sevilla y condenado a siete años y un día de prisión por la Sección Primera de la Audiencia de Sevilla.

El domingo 1 de enero hacía lo propio el exconsejero de Empleo Antonio Fernández para cumplir su pena de siete años, once meses y un día de prisión por este mismo caso.

La exconsejera de Hacienda Carmen Martínez Aguayo, condenada a seis años y dos días de prisión, entró ya en el centro penitenciario de mujeres de Alcalá de Guadaíra (Sevilla) el miércoles 28 de diciembre, para comenzar a cumplir su pena.

Aunque el tribunal desestimó el recurso del ex viceconsejero de Empleo Agustín Barberá, sí accedió a suspender su ingreso en prisión hasta que se tramite la suspensión de la ejecución de la pena solicitada por su defensa en base al artículo 80.4 del Código Penal, relativo al caso de que el penado esté aquejado de una enfermedad muy grave con padecimientos incurables, al estar pendiente de informe por el médico forense.

La defensa de José Antonio Griñán alegó que le ha sido diagnosticada recientemente una enfermedad grave sobrevenida, solicitando de nuevo la suspensión del plazo de ingreso en prisión. Una vez vista la documentación médica aportada por la representación de Griñán, la Sección Primera de la Audiencia ordenaba que un forense del Instituto de Medicina Legal examinase la documentación e hiciese un reconocimiento a Griñán en caso de ser necesario, para que emitiese un informe «valorando si el ingreso en centro penitenciario pudiera tener incidencia en el desarrollo de la enfermedad o en el tratamiento prescrito».