Gestha, la Asociación de Técnicos del Ministerio de Hacienda, considera que «ha habido tiempo más que suficiente» para aprobar el reglamento de desarrollo de la ley antifraude, relativo a la obligación de declarar por criptoactivos.

Su secretario general, José María Mollinedo, sugiere a que la demora puede estar motivada por «alguna objeción» de las entidades que intervienen en las operaciones con monedas virtuales. Se están haciendo muchas operaciones con monedas virtuales, en torno a 16, que van más allá de la compraventa, y estima que el Gobierno «quizá prefiera dar una revisión completa» a estas operaciones.

En cualquier caso, desde Gestha rechazan que el retraso en el desarrollo del reglamento se deba a la exigencia de pedir un exceso de información sobre estas operaciones, ya que lo que se pide «es bastante concordante con otras obligaciones de información que se está requiriendo para otro tipos de activos a día de hoy».

Por tanto, la obligación de declaración por criptomendas no tiene por qué aplazarse hasta 2024. «Lo que dice la disposición adicional de la ley antifraude es que la primera declaración se producirá a partir del 1 de enero del 2023, pero a lo largo de 2023, no tiene por qué pasar al año 2024», aclara Mollinedo a Europa Press.

Además, solo falta por aprobarse el reglamento y que esa disposición adicional de la ley «remite a los datos cerrados a 31 diciembre», tanto a operaciones, saldos con monedas virtuales y acumulados en servidores extranjeros hasta esa fecha.

Desde Gestha también creen que se intentará aprobar una obligación de información «que sea lo más omnicomprensiva posible de todos estos elementos que rodean a los criptoactivos».

Las declaraciones obligan tanto a las que intervienen en la tenencia, tanto salvaguardia de las monedas virtuales como los ‘exchange’, y también a las personas que posean monedas virtuales en el extranjero.