“Cuando nos quejamos de que esto no marcha y de que la España no progresa, no hacemos más que enunciar una idea relativa; generalizada la proposición de esa suerte, es evidentemente falsa; reducida a sus límites verdaderos, hay un gran fondo de verdad en ella”. Así de clarividente se expresaba Mariano José de Larra hace casi dos siglos.

Salvando la enorme distancia entre el gran Fígaro y un servidor, no se me ocurre mejor precedente para hablar de nuevo de la España que no progresa, que no funciona, no generalizando, sino particularizando lo máximo posible para acercarnos al gran fondo de la verdad.

Hablaré de la Administración española y para centrar el asunto recurriré a una tautología. Me voy a referir a la administración administrativa. Para aclararlo aún más, me voy a referir a los funcionarios de quienes dependen decisiones burocráticas que afectan directamente a los ciudadanos.

Es un lugar común estos días poner en tela de juicio la capacidad de las administraciones central y autonómicas para sacar adelante los diversos modelos de acceso a los fondos Next Generation de la Unión Europea. Los propios miembros del Gobierno comprometidos en el recto cumplimiento de las normas que exige Bruselas para distribuir estos fondos reconocen su impotencia para analizar proyectos, determinar viabilidades y decidir, por fin, los libramientos de los recursos. A lo sumo esbozan una disculpa no pedida sobre lo garantistas que resultan los procedimientos, como si la garantía de buena administración fuera una pesada losa a la hora de manejar el papeleo, en vez de una condición previa exigible en todo proceso burocrático.

Más concreto. He leído estos días un estupendo trabajo que viene a propósito. Se trata de los miles de megavatios de instalaciones fotovoltaicas y eólicas que están pendientes de una instancia administrativa del Gobierno central o de las comunidades autónomas para conseguir una Declaración de Impacto Ambiental (DIA) antes del 25 de enero, fecha límite establecida para que las empresas solicitantes no se vean obligadas a volver a empezar un procedimiento que puede durar (de hecho dura) ¡más de 30 meses!

Según dicho trabajo, en el último mes de 2022, se han despachado un tercio de los expedientes acumulados por las administraciones concernidas, ante la inminencia de la fecha límite. No es ilegítimo preguntarse cómo se ha producido el prodigio. Acaso estaban los expedientes resueltos, pero en un cajón; acaso se ha castigado a los responsables del trámite a trabajar día y noche durante el escasamente productivo mes de diciembre español; acaso se ha optado por declarar negativas de oficio las resoluciones y quitarse así el engorro de los análisis…

Cuando se constituyeron las comunidades autónomas, la existencia de muchas de ellas se justificaba por lo benéfico que resultaría para el ciudadano la descentralización administrativa y la proximidad. Por supuesto no se hablaba de rivalidad, recelo y confrontación; de exclusividades, competiciones y juego sucio; de trabas, litigios competenciales y miserias políticas. Todos estos fenómenos colaboran a que los expedientes se eternicen, a que la vida de las personas y de las empresas se vea condicionada por la parálisis y la ineficiencia. A lo único que han llegado a estar de acuerdo todas las administraciones es en exigir cita previa para cualquier cosa.

Ya que estamos en ello, me atrevo a asegurar que la única manera de modernizar o actualizar España sería que una parte sustancial de los fondos no retornables de la Unión Europea se dedicaran a convertir las administraciones en maquinarias engrasadas, coordinadas, eficientes, que no pidan a los administrados documentos de los que ya disponen otras administraciones; que no consuman el tiempo de los ciudadanos, sino su propio tiempo; que se limite la duración máxima de cada tipo de expediente y, en caso de no cumplirlo, que se dé por resuelto a favor del ciudadano. Para eso hace falta tecnología y personal dotado para gestionarla, pero, sobre todo, voluntad política que redima al ciudadano de la condición de súbdito burocrático.

El gran Larra, dos siglos después, podría publicar hoy mismo su memorable artículo, cambiando solo el titular: Vuelva usted mañana…a intentarlo