España sigue en el proceso de reforma del sistema energético, que está contenido en el plan global que analizará este martes por el Consejo de Ministros para enviar a Bruselas. Si bien, además de esta reforma que incluye el cambio del funcionamiento del mercado mayorista (reclamada por Españ), tiene sobre la mesa otro cambio normativo que afecta a la tarifa regulada de electricidad que se conoce como el Precio Voluntario del Pequeño Consumidor (PVPC).

Es un tema que tiene una repercusión directa en una parte muy importante de la población, y también está programado que vaya hoy al consejo. En el nuevo sistema se mantiene el objetivo básico que tuvo la creación del PVPC: abaratar la factura que tienen que pagar los consumidores que se benefician de la tarifa regulada y con la menos volatilidad posible.

Ahora se quiere mejorar para incidir en esas metas. La metodología que se propone desde el Ministerio de Transición Ecológica que dirige Teresa Ribera se basa, en otros puntos, en que los incrementos de las materias primas que afectan a las tarifas reduzcan su peso en la fijación de las tarifas al pequeño consumidor. En este contexto, el nuevo sistema conllevará la puesta en marcha de la fijación de un mecanismo para establecer el nuevo PVPC; en él se tendrá en cuenta un término que permita un ajuste respecto al precio medio de los valores de una cesta de futuros.

Si bien la Comisión Nacional de los Mercados y Competencia (CNMC) no está de acuerdo con la reforma propuesta por Teresa Ribera. El informe que ha realizado señala que con «la metodología propuesta se incrementa el coste del suministro de las
comercializadoras de referencia», Esto ocurrirá, en su opinión, por la incorporación de «un componente de riesgo de volumen», también porque se añade «un término adicional para reforzar la señal de precios de mercado de contado, que incrementa en determinados escenarios el coste para el consumidor con respecto a lo que representaría una cesta de productos de mercado de contado y de mercado a plazo”.

Para la CNMC el plan del Gobierno no resuelva del todo el problema de la volatilidad.  “Si bien la propuesta permite reducir en cierta manera la volatilidad de las facturas del consumidor acogido al comercializador de referencia, la nueva formulación incorpora una serie de costes que le pueden suponer un incremento del precio frente a la metodología actual”.