En estas fechas sin debates parlamentarios recibe el cronista notas cargadas de preocupación por el retroceso de la democracia y escucha los ecos de las decisiones de determinados botarates autonómicos empeñados en recortar derechos y libertades. Ha tenido que salir el Gobierno de Pedro Sánchez a parar los pies al Ejecutivo regional de Castilla y León sobre las imposiciones que en forma de protocolo de obligado cumplimiento anunció su vicepresidente, Juan García-Gallardo, de Vox, a las mujeres que vayan a abortar. Se trataba de obligarlas a oír el latido del corazón del feto y de someterlas a tres días de reflexión.

Tras el requerimiento del Gobierno central para que respeten el derecho a decidir de las mujeres y no trampeen la ley del aborto compareció el presidente autonómico, Alfonso Fernández Manueco, a aclarar que no había tal protocolo ni los médicos lo han solicitado ni las mujeres serán obligadas a nada. Pero la polémica creció cuando, horas después, su vicepresidente afirmó lo contrario en rueda de prensa.

La secuencia de dimes y diretes entre la derecha y la ultraderecha coaligadas ha proseguido en esa comunidad autónoma y a nivel estatal. Al abstenerse de publicar las medidas restrictivas en el Boletín Oficial de la Junta, Fernández Mañueco ha encontrado una tronera para lanzar contra el Gobierno ese misil de aire combustible que llama “protocolo fantasma”. Pero eso no resuelve su problema ni el del PP, pues los voxidos gubernamentales amenazan con abandonar el Ejecutivo y dejarle al pairo.

Se diría que ambas formaciones políticas, surgidas del mismo tronco franquista y fragista, han comenzado ya a disputarse el voto de los púlpitos. Sin embargo, la problemática es más compleja y ha de relacionarse con el temporal involucionista que recorre Europa y posee anclajes en los trumpismos golpistas estadounidense y brasileño. El caldo de cultivo en España fermenta una vez más en los palacios episcopales y cuenta con oligarquías reaccionarias agazapadas, cuyo favor electoral ahora se disputan las derechas. Si Vox se inspira en los ultras húngaros y polacos, el PP no necesita tanta inspiración, pues ya hace once años que recurrió al Tribunal Constitucional la ley de plazos para abortar.

Sería positivo que quienes llegaron al poder en Castilla y León con la promesa de resolver problemas en vez de crear más (a las mujeres en este caso), leyesen el manifiesto lanzado esta semana por los “Amigos de los Decreta” para 2023. En él se refleja la pesadumbre de la gente (los leoneses en este caso) al ver cómo se incrementa de año en año el hundimiento demográfico, económico, social. Esta asociación denuncia la incuria, el abandono y la infrafinanciación de los servicios públicos en las provincias leonesas por parte de la administración autonómica y, sobre todo, califica de “secuaces” –pese a haber sido elegidos en distintos comicios– a quienes “en lugar de responder a las demandas sociales engañan a su propios votantes, negándoles los derechos que si tienen los ciudadanos de las restantes regiones de España”.

Los Amigos de los Decreta (en referencia a las disposiciones de Alfonxo IX en 1188 sobre la participación del pueblo en las primeras Cortes democráticas) se ocupan de la difusión de los valores históricos leoneses, con especial referencia a la defensa de la democracia, la libertad y la justicia. Si algo representan los Decreta, incluidos por la UNESCO en la Memoria del Mundo, es el parlamentarismo y la democracia. Ya es paradójico que más de mil años después del reconocimiento de los derechos de las mujeres a la participación política, según las disposiciones de los concejos, cartas pueblas y fueros, salgan ahora tarambanas y tragaldabas a dictar cómo han de gobernar su propio cuerpo.