Sobre la caída de provisiones técnicas en Vida, matiza: «La subida de tipos de interés ha influido en esta disminución, ya que muchas carteras de seguros de Vida se valoran con arreglo a la curva libre de riesgo, que se ha ensanchado significativamente durante el año».

En planes de pensiones, remite a  las estadísticas de Inverco, que muestran una caída de 2.605 millones de euros de las aportaciones en 2022 frente a 2021, que se sunan a los 1.775 millones menos en ese ejercicio respecto a 2020. «Esto quiere decir, ni más ni menos, que estos dos descensos agregados superan la cifra de aportaciones de 2020, último año que se benefició de los anteriores límites fiscales», se lamenta Pilar González de Frutos.

La presidenta de Unespa acusa a la retirada de los incentivos fiscales de erosionar «significativamente» el ahorro privado.

Por eso, insiste en la necesidad de abordar en España la creación de un nuevo pilar de previsión, de generar una masa de ahorro capitalizado que crezca al lado de las prestaciones del sistema de reparto. Y que no se contemple al ahorro individual y colectivo como elementos de ahorro enfrentados. También reclama que las empresas cuenten con un «cuadro suficiente de incentivos» para desarrollar los sistemas de ahorro colectivos como son los planes de empleo.

Pilar González de Frutos estima que se necesitan 750.000 millones de ahorro privado para complementar las pensiones públicas con un «20% adicional».  «La magnitud asusta, pero es alcanzable, pero solamente si todos (Gobiernos, partidos políticos, Administración, interlocutores sociales y gestores del ahorro) avanzamos juntos y en la misma dirección», recalca.

Pilar González de Frutos, inasequible al desaliento, reclama de nuevo un supervisor de seguros  independiente del Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital.

Y carga, una vez más, contra la Autoridad de Defensa del Cliente Financiero, cuya creación se encuentra en tramitación parlamentaria, por  el sometimiento al entorno contencioso-administrativo de los conflictos que puedan surgir o el establecimiento de la obligatoriedad de sometimiento a la decisión de la autoridad solo para el asegurador, lo que genera una asimetría «poco justificable». Y por la imposición de la tasa de 250 euros por reclamación admitida, ya que en muchas ocasiones «resulta superior al importe medio» de la queja del cliente.

La presidenta de Unespa, que dejará su cargo el 4 de mayo, cuando la asamblea general designe a su sucesor (o sucesora), cree que el mayor logro en ese peregrinaje que ya acumula 20 años, es la defensa de la especificidad del sector asegurador español frente a otros  en un momento en el que la regulación financiera es «cada vez más intensa, europea y más armonizada».

Reconoce que «no ha conseguido» convencer de que el sistema de ahorro merece ser revisado y analizado con «más detenimiento y menos pasión política» y tampoco ha logrado que el supervisor español sea independiente y cuente con recursos.