No deja de sorprender que algunos se sientan alarmados por la cuantía de la deuda de las administraciones de la Seguridad Social. El hecho de que por primera vez supere los 100.000 millones no es más que un dato, por mucho que los paracaidistas de la información económica enfaticen en ello, incluso se llamen a escándalo. Los hipotéticos lectores de esta columna no estarán entre los alarmados, ni siquiera entre los sorprendidos, porque a esa cifra se ha llegado por una acumulación de la que hemos dado oportuna cuenta.

No obstante sí conviene decir que la deuda de la Seguridad Social es un elemento galopante dentro del imparable mecanismo de aumento de la deuda del Estado. Y esto es así porque mientras la deuda del Estado (incluida la de la Seguridad Social) viene creciendo a una tasa del 7,3 por ciento en los doce meses entre noviembre de 2021 y de 2022, la tasa de aumento de la deuda de la Seguridad Social lo ha hecho el 13,1 por ciento en el mismo periodo.

Los partidarios del gasto social deberían sentirse muy orgullosos de vivir en un país en el que este concepto crece a un ritmo tan intenso, aunque me malicio que no es así, porque una cosa es gastar más y otra cosa es endeudarse mucho más. Para algunos miembros del Gobierno, sin embargo, esa sutileza está fuera de lugar y sonríen ufanos con el dispendio en el  estado de bienestar español del que, según ellos, todos nos debemos de sentir orgullosos.

Ese modelo de justicia social (término que fue muy utilizado en el franquismo, especialmente por dirigentes falangistas) que no atiende a otros criterios que el mayor gasto, no implica ni buena gestión de los recursos, ni eficiencia en los programas, ni siquiera la seguridad de que llegue a quien debe de llegar, porque eso exige conocimientos, dedicación, economía práctica y probidad. No, aquí se trata de decir todo lo que han hecho por nosotros.

Está muy claro que los solidarios por cuenta ajena se esfuerzan mucho en los meses previos a las elecciones, especialmente en lo que se refiere a repartir dinero físico (que no sale de sus bolsillos, naturalmente). Los proyectos, los programas no conmueven como lo hace una transferencia o un cheque. La prodigalidad pasa del reproche en condiciones normales a la alabanza y el agradecimiento en fase electoral.

Sería ocioso decir que es mucho mejor que un gobierno cree las condiciones para que todos puedan tener un trabajo dignamente retribuido que repartir dinero a la rebatiña, que es una manifestación clara de poder. El poder necesita avasallar a los ciudadanos no convencerlos. Y el modelo perverso de bienestar que algunos miembros de este Gobierno postulan consiste en cerrar el círculo vicioso de poner trabas a la creación de empleo (sin ir más lejos, la elevación de cuotas sociales de este año) para llenarse de razón y repartir dinero fungible a quienes están en situación de vulnerabilidad… y a otros cuantos que pasaban por allí.