Agradezcamos la financiación de pymes y autónomos a grandes bancos, energéticas o compañías que cotizan en Bolsa. Pero, también, la pérdida de financiación europea, el freno a la investigación, la emigración de talento y los despidos.

España es un país donde el “compra ahora y paga más tarde” es un clásico en nuestra forma de entender la vida. Y si puede ser dentro de cuatro o cinco meses, pues qué le voy a decir, que mucho mejor aún.

Sin embargo, entre empresas esto no es posible, ni legal. La Ley 15/2010 estableció medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales, al poner un plazo máximo de pago entre empresas de 60 días. Y eliminaba la posibilidad de acuerdos entre las partes para evitar posibles prácticas abusivas de grandes empresas sobre pequeños proveedores.

Ahora, una nueva norma, la Ley de creación y crecimiento Empresas —Ley Crea y Crece—, que debería ayudar a las empresas a conseguir nuevos contratos públicos y subvenciones, nos muestra cómo muchas veces la política solo sirve para unos pocos, para los elegidos. Con un amplio respaldo, el Congreso de los Diputados la aprobó definitivamente en septiembre de 2022. Desarrollada por el Ministerio de Economía, esta ley establece y nos recuerda que, para acceder a una subvención superior a los 30.000 euros, los plazos de pagos a proveedores deben ser inferiores a los 60 días.

Una medida que nos puede parecer lógica, además de obligatoria, pero que esconde detrás una terrible maldad. Para acceder a los grandes proyectos regados con millones de euros de los fondos europeos, las pymes españolas deben ir en la mayoría de los casos de la mano de grandes corporaciones. Precisamente aquellas que, según nos recordaba un reciente estudio sobre comportamiento de pago de las empresas españolas, publicado por Informa D&B, son muy malas pagadoras.

Muro legislativo
Cerca del 87% de las grandes empresas no cumplen con el periodo de pago, y sus pagos se alejan hasta los 90 días o más. Esta situación que impide a las microempresas y a las pymes presentar sus proyectos para fondos europeos. Nuevamente la posibilidad de investigar, desarrollar e innovar se frena en seco gracias al muro legislativo.

Tal y como se recoge en la ley, los cambios que se han incorporado pretenden mejorar la liquidez de las empresas, luchando contra el efecto negativo que provoca la morosidad en las operaciones comerciales. Entre otras medidas, se extiende la obligación en el uso de la factura electrónica a todas las relaciones comerciales de empresas y autónomos, potenciando la digitalización y la monitorización instantánea, ágil y fiable de los plazos efectivos de pago. También se incluye la creación de un Observatorio Estatal de la Morosidad Privada, que seguirá y analizará todos los datos relacionados con los plazos de pagos, publicando anualmente un listado de las empresas que sean morosas.

La Ley Crea y Crece está vigente desde el pasado 19 de octubre, 20 días después de su publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE), si bien cuenta con dos apartados que entrarán en vigor en fechas distintas, uno referente a las plataformas de financiación participativa o crowdfunding, y otro a la facturación electrónica entre empresarios y profesionales. Esta ley será de cumplimiento obligatorio al año de su publicación para todas las empresas que facturen más de 8 millones de euros, mientras que, para el resto de negocios y autónomos, la obligatoriedad comenzará a partir de los tres años.

Estoy seguro: la Ley Crea y Crece se ha desarrollado para ofrecer múltiples ventajas al sector productivo español, pero el 19 de octubre de 2024 será otra fecha para marcar en los calendarios de pymes y autónomos, otra fecha para recordar. Será el día en que sea obligatorio el cumplimiento de la ley, y seguramente las grandes corporaciones seguirán debiendo a sus proveedores cerca de 100.000 millones de euros, más allá de los famosos 60 días que marca la ley. Al margen del roto en sus balances, esa deuda en el tiempo les imposibilita buscar en Europa nuevas vías de financiación.

Agradezcamos la financiación de pymes y autónomos a grandes bancos, energéticas o compañías que cotizan en Bolsa. Pero, también, la pérdida de financiación europea, el freno a la investigación, la emigración de talento y los despidos.

 

Julio Bruno (en Twitter, @donjuliobruno) preside Mercato Metropolitano (@mercatometropol), el primer mercado sostenible comunitario de Londres que ofrece alimentos nutritivos y un calendario de actividades centrado en la educación alimentaria, el arte y la responsabilidad social. Además, es director de la junta directiva de Pacha Group, la conocida compañía internacional de entretenimiento y restauración. Hasta octubre de 2021 desempeñó su labor profesional en Time Out Group. Durante su mandato, lideró la expansión internacional de los famosos Time Out Markets de Nueva York a Dubái, convirtiéndolos en el punto de referencia mundial de establecimientos de comida premium con más de 10 millones de visitantes en 2019. También dirigió la transformación digital de la icónica marca de revistas Time Out. Anteriormente fue vicepresidente Global de Ventas de TripAdvisor, vicepresidente de Travelport para Canadá, América Latina y el Caribe y director general de Travelport para Europa Continental y América del Sur. También desempeñó cargos ejecutivos internacionales en Regus, Energizer y Diageo.