Parece que o bien el Congreso no sabe legislar o a los jueces les da lo mismo lo que se legisle por que ellos harán las interpretaciones que consideren pertinentes para llevar las aguas a su particular rio.

Recientemente nos hemos encontrado con dos conflictos en los cuales jueces y legisladores han realizado valoraciones radicalmente opuestas en lo que se había modificado. Una de ellas es la ley del “sólo sí es si” en la que los legisladores pretendían endurecer las penas a los violadores o acosadores sexuales, sin embargo el resultado ha sido absolutamente el contrario y varios jueces han reducido las penas a condenados por estos delitos. En este caso, seguramente el problema no es de los jueces sino de que la ley está mal hecha.

La segunda las consecuencias de la abolición de la sedición como delito. Según la valoración que hicieron los dirigentes de ERC de esta reforma significaba que en la práctica los dirigentes nacionalistas exiliados (evidentemente por razones políticas) casi podían volver encausados sólo por el delito de desobediencia que no conlleva penas carcelarias por lo que se ponían las medallas pertinentes, sin embargo desde el Gobierno interpretaron que este es el paso para que los tres eurodiputados perseguidos puedan ser extraditados y condenados por graves delitos.

Los estamentos judiciales también han mostrado serias discrepancias, , mientras el auto del juez Llarena retira la acusación del delito de sedición, el informe los fiscales lo reinterpretan como un delito de orden público agravado, por lo cual piden elevadas penas. Lo que si coinciden ambas posturas es en el delito de malversación agravada. En la práctica si sus tesis prosperan, sería una cadena perpetua.

El profesor de Derecho Constitucional Joaquín Urias, y ex letrado del Tribunal Constitucional señala lo que para los ojos profanos parece una evidencia interpretando que Llarena en su informe hace “política legislativa” cuando en su opinión “la función de un juez es aplicar la ley”. También critica la interpretación que hace del delito de malversación agravada por los gastos ocasionados en el referéndum. El citado jurista considera que llevado al extremo esta interpretación ningún político podría hacer ningún gasto por que la consecuencia del mismo sería un “enriquecimiento ideológico porque toda actuación es política”.

Lo que es evidente que cuando se modifica una ley y se quiere contentar a sectores muy opuestos lo que sale en un texto ambiguo que crea más problemas de los que pretende solucionar y el legislador da carta blanca a los jueces para que definan lo que ellos no se han atrevido a concretar. Y son las chapuzas de los políticos los que propician la politización de la justicia, Cuando las leyes son claras y diáfanas el margen de interpretación de los jueces se reducen considerablemente, pero ello implica que los legisladores también tengan ideas claras de lo que pretenden a la hora de legislar.