El exjefe de Seguridad del BBVA Julio Corrochano ha informado al juez que investiga los presuntos contratos ilícitos del comisario jubilado José Manuel Villarejo el banco que en el acuerdo por el que dejó su cargo en la entidad en abril de 2018 (tras estallar el escándalo) se fijó una indemnización por despido de 480.000€ brutos, al que se sumó un pago de 138.145€ por pacto de no competencia y no contratación. En total, 618.145€.

En un escrito de su defensa de 24 de enero, el exdirectivo, investigado (imputado) en la causa, reacciona así a un auto del juzgado que exigía al BBVA la documentación relativa al proceso de salida de los directivos que figuran en la causa como investigados y cuya salida lo fue a partir de 1 de marzo de 2018.

Corrochano indica que esos dos importes son los únicos percibidos como consecuencia de su salida porque los importes correspondientes al cobro del variable quedaron congelados por la entidad a la espera de la finalización del procedimiento y «supeditados a que resultase absuelto de los delitos sobre los que está siendo investigado».

El escrito resalta además que esas cantidades abonadas por la entidad «están reflejadas en las declaraciones de IRPF» del año 2018.

En esa misma causa, el Juzgado Central de Instrucción número 6 ha recibido respuesta del BBVA oponiéndose a la prórroga de la instrucción al entender que se encuentra «agotada» y por tanto no resulta necesaria ni pertinente.

Recuerda que han pasado cuatro años desde que se incoó y la instrucción «ha sido intensa y profunda, en la medida en que se han practicado decenas de declaraciones, BBVA ha respondido a multitud de oficios y se ha incorporado a autos una ingente cantidad de información y documentación».

«No existen tampoco diligencias pendientes de ser acordadas que resulten necesarias para decidir sobre la continuación del procedimiento. De hecho, lo que pretenden las acusaciones particulares con sus últimas peticiones de diligencias supone reinstruir lo que ya ha sido instruido o, dicho de otra forma, reabrir decisiones que ya habían sido adoptadas por el instructor e incluso por la Sala de lo Penal», añaden.

En otro escrito, la defensa del ex jefe de Control Interno de la entidad, también investigado, interesa que se prorrogue la investigación seis meses más porque no han podido analizar nueva documentación que les llegó en diciembre de 2022, y esperan que se añada a la plataforma digital más documentos a los que han conseguido que se les dé acceso recientemente. A esto suma que existen diversas declaraciones pendientes de practicar de testigos y peritos que podrían derivar en la proposición de alguna diligencia de prueba.