El secretario de Estado de Economía, Gonzalo García Andrés, y la vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital, Nadia Calviño, en la Conferencia Sectorial para la Mejora Regulatoria y el Clima de Negocios.

La vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital, Nadia Calviño, y el secretario de Estado de Economía, Gonzalo García Andrés, aprovechan la Conferencia Sectorial para la Mejora Regulatoria y el Clima de Negocios para instar a las comunidades autónomas a identificar aquellos proyectos que pueden tener una mayor dificultad de ejecución para proceder a reasignar los fondos europeos. El objetivo es garantizar así una ejecución lo más cercana posible al 100%.

Tras el buen resultado del PIB en 2022, que sienta una «buena base» económica para este año, Nadia Calviño resalta la importancia que tienen en 2023 los fondos europeos y el Plan de Recuperación. «A excepción de una comunidad autónoma, prácticamente todas han trasladado un profundo agradecimiento y reconocimiento a la labor del Gobierno y el esfuerzo que se está haciendo para el despliegue ágil de los fondos», señala.

En el Ministerio de Economía destacan que el proceso de despliegue de las inversiones se está acelerando en enero, en el que ya se han comprometido 3.000 millones€, lo que supone más de un 13% del total del presupuesto asignado para 2023

Gracias al ritmo de ejecución, se han resuelto convocatorias por más de 23.300 millones, que están financiando más de 190.000 proyectos, un 45% de ellos desarrollados por empresas. Por parte de las comunidades autónomas, se han lanzado convocatorias y licitaciones por más del 50% de los fondos asignados, habiéndose resuelto aproximadamente un 20%, que suponen 4.000 millones.

«Se han recibido 31.000 millones del presupuesto comunitario y las Administraciones tanto autonómicas como locales están gestionando aproximadamente proyectos de inversión por 28.000 millones», apunta la vicepresidenta del Gobierno.

Salario mínimo, subida pero dentro de un pacto de rentas

Por otra parte, en Economía insisten en que la subida del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) debe enmarcarse en un pacto de rentas. Además, «no sólo tiene que subir el salario mínimo, tenemos que mejorar las condiciones salariales de todos los trabajadores en España», subraya Nadia Calviño.

El martes 31 de enero, el Ministerio de Trabajo ha convocado a los agentes sociales para abordar la subida del SMI en 2023. Para Calviño, «lo ideal» es un gran acuerdo en torno al pacto de rentas con los representantes sociales, que permita proporcionar confianza a los trabajadores, a los ciudadanos, los autónomos, los empresarios y los inversores en los próximos años.

Adenda al Plan de Recuperación

La próxima semana, el Gobierno convocará a los agentes sociales para debatir el Plan de Recuperación y la Adenda a éste. El Gobierno incorporará las propuestas de Administraciones territoriales, agentes económicos y sociales antes de enviar la Adenda a Bruselas, previsiblemente a finales de marzo.

«Junto con las inversiones, las 30 reformas previstas en la Adenda permitirán continuar la transformación de la economía española iniciado en 2020 y profundizar el impacto que ya está teniendo el cumplimiento generalizado de los compromisos adquiridos, acelerando la transición ecológica y la transformación industrial», destacan en Economía.

La ejecución del Plan de Recuperación junto con la Adenda permitirá incrementar el nivel del Producto Interior Bruto (PIB) hasta 3 puntos de media cada año hasta 2031.

Las comunidades autónomas están de acuerdo en la necesidad de reforzar la autonomía energética, y la industrialización del sector agroalimentario, la capacidad industrial, tecnológica y digital de la economía española.

También apoyan la puesta en marcha de nuevos programas para la asistencia técnica y para las microacreditaciones para seguir agilizando el despliegue de las inversiones financiadas con fondos europeos, y especialmente los Perte.

También han comenzado a trabajar el  Observatorio de Buenas Prácticas y la Comisión Local para la mejora de la regulación, cuya puesta en marcha se acordó en la Conferencia Sectorial de diciembre. La creación de sendos grupos de trabajo servirá para seguir avanzando en la mejora regulatoria, la simplificación y agilización de los trámites administrativos y la eliminación de trabas, siempre bajo el estricto control
de los fondos públicos. La Comisión Local se reunirá en este primer trimestre para examinar un primer borrador de la nueva ordenanza tipo de comercio minorista.

Y se ha acordado celebrar «rápidamente» una reunión técnica para la creación de un fondo que canalice los préstamos europeos a inversiones sostenibles de las comunidades autónomas. Aunque este proyecto tiene «una notable complejidad teniendo en cuenta el sistema de financiación autonómica y la necesidad de garantizar la neutralidad fiscal», precisa Nadia Calviño.