El DOUE de 3 de febrero publica una referencia al Informe Especial 02/2023 del Tribunal de Cuentas Europeo: «Adaptación de las normas de la política de cohesión para responder al COVID-19 – Los fondos se utilizan con mayor flexibilidad, pero es necesario reflexionar sobre la política de cohesión como herramienta de respuesta a las crisis».

Dicho informe está disponible en español y tiene 59 páginas. Este comentario se basa en el comunicado de prensa en dicho idioma.

Los auditores reflexionan sobre la política de cohesión como herramienta de respuesta a las crisis

• La UE introdujo medidas de flexibilidad para poner a disposición los fondos de cohesión no utilizados

• Se aportaron 50.400 millones € como complemento de la financiación de la política de cohesión

• El uso de la política de cohesión para hacer frente a las crisis puede tener un impacto en su principal objetivo estratégico

La UE adaptó rápidamente sus normas para ofrecer a los Estados miembros una mayor flexibilidad para usar los fondos de la política de cohesión en respuesta a la pandemia de COVID-19. Asimismo, introdujo nuevos recursos importantes para financiar más inversiones. Sin embargo, estas medidas también aumentaron la presión para gastar los fondos de la UE rápida y adecuadamente. Los auditores señalan que la utilización reiterada de la política de cohesión para abordar las crisis puede también desviar dicha política de su principal objetivo estratégico: reducir las disparidades entre las regiones en materia de desarrollo.

Desde el principio de 2020, la UE adoptó una amplia gama de medidas para abordar los retos planteados por la pandemia de COVID-19. La política de cohesión realizó una rápida contribución en tres etapas que modificaron las normas relativas al período de programación 2014-2020. En menos de dos meses tras el brote de la pandemia en Europa, la UE adoptó medidas legislativas para movilizar fondos no utilizados a través de la Iniciativa de Inversión en Respuesta al Coronavirus (IIRC) y la Iniciativa de Inversión en Respuesta al Coronavirus Plus (IIRC+). En menos de un año, adoptó la Ayuda a la Recuperación para la Cohesión y los Territorios de Europa (REACT-UE), como instrumento a corto y medio plazo para la reparación y recuperación de la crisis.

Ambas iniciativas de inversión en respuesta al coronavirus introdujeron adaptaciones específicas de algunas normas de la política de cohesión que proporcionaron liquidez, flexibilidad y simplificación. REACT-UE aportó otros 50.400 millones €, de los cuales más de la mitad se destinaron a España e Italia. Los países debían gastarlos de manera discrecional en un período de tiempo muy breve, hasta el final de 2023. De este modo, REACT-UE ha proporcionado una «financiación puente» entre 2021 y 2023 que ha contribuido a importantes demoras en el inicio de los programas de la política de cohesión de 2021-2027. Los auditores también advierten que, además de aumentar las dificultades recurrentes en el gasto del dinero de la UE, REACT-UE puede precipitar el gasto de recursos disponibles antes de finalizar el período, con el riesgo de desatender la rentabilidad.

La mayor flexibilidad para las transferencias dio lugar a un movimiento sustancial de fondos: 35.000 millones € hasta el 31 de diciembre de 2021. Los auditores constataron que se produjeron movimientos de fondos entre distintos ámbitos de inversión, principalmente hacia la asistencia sanitaria (+80%) y el apoyo a las empresas (+16%), mientras que disminuyeron los destinados a las tecnologías de la información y de las comunicaciones, energía y medio ambiente, inclusión, investigación e innovación. También se dirigieron fondos a regiones más desarrolladas y en transición (+1.800 millones de euros). Se espera que REACT-EU contribuya con el 25% de su dotación financiera global a objetivos climáticos, pero es poco probable que se cumpla esta expectativa.

La política de cohesión se ha utilizado a menudo para dar respuestas a corto plazo a las crisis y algunas de las modificaciones introducidas al efecto se han convertido en elementos habituales de la política. Pero, como indican los auditores, no se ha evaluado formalmente el impacto a largo plazo de este uso. Las nuevas normas para la política de cohesión de 2021-2027, basadas en buena parte en las medidas de flexibilidad recientemente introducidas, harán más fácil el uso de los fondos de cohesión para responder a acontecimientos inesperados. En consecuencia, los auditores advierten del riesgo de que el repetido uso de la política de cohesión para hacer frente a las crisis afecte a su objetivo estratégico principal: reducir las disparidades entre las regiones europeas.

Información de referencia

La política de cohesión es uno de los mayores ámbitos temáticos del presupuesto de la UE, con una asignación de 355.000 millones de euros para el período 2014-2020. Su principal objetivo es reforzar la cohesión económica, social y territorial entre las regiones.