Dice con verdad el refranero que antes se coje a un mentiroso que a un cojo. Y eso es lo que ha acabado sucediendo con las triunfalistas estadísticas de empleo del Gobierno que, confirmando las más que fundadas sospechas de las que muchos habíamos informado aquí, también en Eurostat, la oficina de estadísticas de la UE, han reparado en que las cifras oficiales del Ministerio de Trabajo tienen tanta o más cocina que las encuestas de Tezanos, y ocultan nada menos que 173.000 parados, elevando el número total de desempleados en España a 3,01 millones con los datos ajustados de noviembre, frente a los 2,83 millones que cuentan desde el Departamento de Yolanda Díaz.

Y cortos se quedan porque como demuestra el último informe del Gabinete de Estudios de USO, el número de desempleados en enero se eleva ya a 3.074.521, cifra que resulta de añadir a los 2.908.397 que contabiliza el SEPE, los 208.340 registrados bajo el epígrafe de “otros no ocupados”, es decir los que están en formación, y otros 290.784 a los que denominan con disposición limitada pero que tampoco trabajan, además de los 15.010 trabajadores que al finalizar el mes están en un ERTE.

Cocina o trampa en la estadística que se extiende también a los contratos porque mientras que mientras el número total de contratos registrados durante el mes de enero ha sido de 1.200.749 que suponen 395.583 menos que en el mismo mes del año 2022, los contratos indefinidos suman 530.306 con un incremento de 291.634, nada menos que el 122,19 en relación con el primer mes de 2022.  Datos oficiales ante los que los autores del citado informe se preguntan: ¿Cómo es posible que realizándose más de medio millón de contratos indefinidos el paro se incremente y baje la afiliación a la seguridad social? ¿Acaso ninguna de estas personas estaba inscrita en el SEPE? Y, sobre todo, ¿Cuánto duran esos contratos? Interrogantes que llevan a concluir que volvemos a tener “contratos cerilla”, que se consumen al día siguiente de usarlos.

Pero hay más. Analizando las cifras del Gobierno vemos que se han realizado más contratos indefinidos que personas los han suscrito, lo que implica que algunos de ellos, más de 39.000, han sido objeto de más de un contrato indefinido, de lo que se deduce que se les ha rescindido el contrato y se les ha vuelto a contratar, lo que tiene que ver con el incremento de la contratación a tiempo parcial. En otras palabras que la  contratación indefinida está dejando de ser sinónimo de mantener un empleo.

Y si de los contratos por cuenta ajena pasamos a los autónomos,  vemos como los datos de la EPA del cuarto trimestre muestran que el número total de trabajadores por cuenta propia bajó en 34.700 personas en variación trimestral y en 111.200 en el último año, reflejando el estancamiento, por no hablar de recesión, de la actividad económica en nuestro país. Tendencia descendente que se prolonga en el primer mes de este 2023 con la desaparición de 20.800 autónomos, 671 cierres cada día, que muestran los datos del paro registrado. Una destrucción que no se veía en un mes de enero desde el año 2012, afectando especialmente al sector del comercio donde sólo en enero se han perdido casi 7.000 pequeños negocios, seguido de la hostelería y de la construcción que conjuntamente superan los 5.000 cierres de negocio.

Cifras dramáticas que recogen los propios datos oficiales para un colectivo que aporta el 1,5% del PIB y el 17% del empleo, y que está viviendo un auténtico infierno, asfixiados por la subida de los costes energéticos, de los costes de producción y suministros, de los tipos de interés y, como resalta el presidente de ATA, Lorenzo Amor, por el aumento desorbitado de los impuestos, las cotizaciones sociales y el salario mínimo. Con el añadido de que, en muchos casos, están sufriendo un desplome de las ventas.

Sólo en el sector de la alimentación el comercio minorista ha registrado un caída de las ventas del 1,8% en 2022, el mayor descenso desde 2013,  mientras que, en el apartado fiscal los autónomos pagan hoy un 45% más de impuestos que hace cinco años. Una presión impositiva que este año se ve agravada por la subida del 8,6% en las cotizaciones a la Seguridad Social que indigna por abusiva y por inesperada.

Y esto ocurre con un Gobierno que se autodefine de ser el más social de la historia y cuyas políticas, viciadas por una malsana perturbación ideológica, penalizan y deterioran la productividad, la competitividad, el emprendimiento y la creación de puestos de trabajo, que se complementan con la demonización que desde el sector podemita del Gobierno, con la imprescindible colaboración del presidente Pedro Sánchez se hace de los empresarios que son quienes arriesgando su dinero y patrimonio crean empleo y riqueza en las sociedades democráticas y libres mientras que los políticos, como suele resaltar el prestigioso empresario teatral y presidente de honor de CEIM, Enrique Cornejo, sólo crean burocracia y funcionarios.