La ponencia del magistrado Enrique Arnaldo proponía al Constitucional avalar el sistema de plazos y anular el artículo 17.5 de la Ley por considerar que la información proporcionada a la mujer que quiere abortas es insuficiente. La mayoría conservadora del Tribunal calificó de inaceptable poner en cuestión este aspecto de la ley, mientras el magistrado decidió mantener su propuesta, ahora rechazada definitivamente.

De esta forma, la vicepresidenta del Tribunal, Inmaculada Montalbán, será la encargada de redactar el nuevo texto en favor a la completa constitucionalidad de la ley. Su aprobación está garantizada.

En el próximo pleno del Constitucional, que está previsto se celebre en menos de un mes, se votará el nuevo texto que, a decir de los juristas expertos, será considerado histórico ante la relevancia de la ley y por el retraso (13 años) en su pronunciamiento, tras la deliberación y resolución de los magistrados.

Así las cosas, la mayoría progresista del Constitucional ha querido lanzar un claro mensaje al llevar este asunto al pleno en menos de un mes desde la renovación del tribunal, y resolviéndolo en dos jornadas de debate, en términos coherentes con el nuevo proyecto de modificación de la ley del aborto que se está debatiendo en el Parlamento.

El texto parlamentario no contempla que haya que dar un período de reflexión a la gestante que quiera abortar en las primeras 14 semanas del embarazo, y el proyecto de sentencia que se va a elaborar tampoco contemplará la fijación de un plazo con dicha finalidad. Precisamente, lo que ha rechazado el tribunal es la propuesta de Arnaldo para anular por escasa la información previa al aborto, con el añadido de pretender que en el futuro se diera no solo por escrito, sino también verbalmente, aunque no fuera solicitada.

Lo importante del fallo del Constitucional es que va a dar la máxima importancia al valor de la libre determinación de la mujer para interrumpir su embarazo, y a la plena garantía de que nada ni nadie podrá interferirse en su camino para entorpecer o retrasar su decisión. Por eso se ha rechazado la ponencia de Arnaldo, en la medida en que objetaba que la ley en vigor diera a la mujer una información supuestamente insuficiente, y propusiera reforzarla de forma verbal.

La mayoría progresista del Constitucional no quiere que cualquier reproche de este tipo a la ley del aborto pueda traducirse en actuaciones susceptibles de suponer cualquier tipo de presión o restricción de derechos para que la gestante que haya decidido abortar.

Posibles votos particulares en contra

Hasta que no haya un nuevo texto y sea votado como sentencia, no podrá hablarse, en rigor, de votos particulares en contra. Pero en el tribunal se cuenta con que los habrá, a tenor de la deliberación registrada.

Así, la magistrada Concepción Espejel, apoyó la mayor parte de la ponencia de Arnaldo, pero subrayando el criterio de que el Estado debería prestar mayor protección al nasciturus (el concebido y aún no nacido), por lo que a su juicio el artículo que regula los plazos para el aborto debería declararse inconstitucional.

Los otros dos magistrados del sector conservador, Ricardo Enríquez y César Tolosa, no criticaron el sistema de plazos, en línea con la ponencia de Arnaldo. Pero al apoyarla con su voto respaldaron sus objeciones respecto a la insuficiencia de la información que se suministra a la gestante, y su coincidencia con que debe ampliarse el derecho a la objeción de conciencia a todos los intervinientes en los procesos de interrupción del embarazo, y no solo a los médicos.