La Asociación Española de Banca (AEB) y la Confederación Española de Cajas de Ahorro (CECA) preparan un recurso contra el impuesto temporal a la banca con el que el Gobierno prevé recaudar 3.000 millones€ entre 2023 y 2024.

El recurso ante la Audiencia Nacional, que puede estar listo esta misma semana, impugnará la orden ministerial publicada por el Ministerio de Hacienda a principios de febrero y en la que se facilitan los modelos de declaración y pago anticipado del impuesto.

Se basará, principalmente, en el dictamen que el Banco Central Europeo (BCE) publicó a principios de noviembre de 2022, en el que se cuestionaban distintos aspectos del gravamen al considerar que podría llegar a poner en peligro una transmisión fluida de las medidas de política monetaria, añadiendo que el importe del mismo podría no ser proporcional a la rentabilidad de las entidades y expresando la importancia de que pueda repercutirse a los clientes.

Incluirá la petición de medidas cautelares para suspender la aplicación del gravamen hasta la decisión judicial.

Este tributo, que ya está en vigor, tiene el objetivo de gravar los ingresos supuestamente extraordinarios de la banca en 2022 y 2023 con el 4,8% de los intereses y comisiones de todas las entidades que facturen más de 800 millones en 2019 en el mercado español.

Los seis bancos cotizados del Ibex abonarán hasta 1.200 millones este año sobre los resultados de 2022: 400 millones CaixaBank, hasta 230 millones el Santander, 225 millones el BBVA, 170 millones el Sabadell, hasta 100 millones Bankinter, y unos 76 millones Unicaja (la única entidad que no ha hecho público un cálculo del impacto de la tasa).

Solamente Bankinter ha anunciado un recurso individual, mientras los demás grandes bancos aguardan al de las patronales.