Yolanda Díaz, Isabel Rodríguez y Teresa Ribera tras el Consejo de Ministros.
Foto: Ricardo Rubio / Europa Press

El Consejo de Ministros aprobó hoy martes la subida del salario mínimo hasta 1.080 euros, un 8% más que el año pasado, con efectos retroactivos desde el 1 de enero.

La medida sitúa en 15.120 euros anuales el salario mínimo interprofesional (SMI) en 2023; un 47% más que cuando el Gobierno de coalición de izquierdas llegó a La Moncloa.

Para la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, la subida del salario mínimo es “la mejor herramienta” para combatir la pobreza y la desigualdad, especialmente entre las mujeres y las rentas más bajas, y en general reducir la pérdida de poder adquisitivo motivada por la alta inflación.

En el caso de los temporeros y el resto de trabajadores eventuales, la remuneración mínima por jornada completa se sitúa en 51,15 euros, siempre que los servicios del trabajador para ese empresa no excedan de 120 días al año.

En el caso de las trabajadoras del hogar (la mayoría son mujeres), el salario mínimo se fija en 8,45 euros la hora.

Más de dos millones de trabajadores afectados

Se calcula que más de dos millones de trabajadores se verán afectados por la subida del salario mínimo. En el caso de la limpieza, un tercio de los trabajadores y más de la mitad de los convenios sentirán la subida, según la patronal Aspel.

La subida del 8% del salario mínimo, hasta 1.080 euros, en catorce pagas, es la mayor de los últimos cinco años. En ese plazo, el salario mínimo ha subido un 47% desde los 735 euros de 2018.

En 2019, el salario mínimo subió un 22,3%; mientras que un año más tarde, en 2020, la subida fue del 5,6%. Un año después, en 2021, el alza se postergó hasta septiembre, cuando se aprobó un aumento del 1,6%. El año pasado, en 2022, la subida fue del 3,6%, hasta igualar la barrera de los 1.000 euros.

El coste laboral mínimo supera los 1.650 euros

Los empresarios, que defendían un aumento del 4%, calculan que la medida afecta “directamente” al 40% de las pequeñas y medianas empresas (pymes), según ha lamentado su presidente Gerardo Cuerva.

“Desde 2016 el SMI se ha incrementado un 65%, mientras que la productividad de la empresa ha caído más de un 3%”, ha lamentado el líder de Cepyme.

Con la subida del SMI, el coste laboral mínimo por contratar a una persona a jornada completa se acerca a los 1.655 euros, y puede crecer hasta rozar los 1.735 euros, en función del tipo de cotización por accidentes laborales.

“Las subidas del SMI han de ser moderadas y siempre acordes con la situación real de la empresa”, ha criticado el jefe de los pequeños y medianos empresarios.

En cambio, la asociación de autónomos UPTA – próxima al sindicato UGT – ha celebrado la subida del salario mínimo, y estima que apenas afectará al 13% de los autónomos con empleados a su cargo. En el caso del 87% restante, sus trabajadores cobran “muy por encima” del nuevo umbral de 1.080 euros, ha asegurado su presidente Eduardo Abad.

Topar los máximos, territorializar el SMI

En el momento de escribir esta información, el principal partido de la oposición, el Partido Popular, guardaba silencio sobre la subida del salario mínimo, a pesar del anuncio de su presidente Alberto Núñez Feijóo hace días en el Senado, de que su partido apoyaría la medida.

Entre los partidos, la izquierda nacionalista vasca EH Bildu ha celebrado la subida, aunque ha pedido territorializar las subidas, y que cada comunidad autónoma pueda fijar su salario mínimo, siempre por encima del límite estatal, afirmó el diputado Oskar Matute.

En general, entre la izquierda, han arreciado las críticas a la empresarial CEOE, que rechazó la subida (la empresarial ofrecía un 4%; con salvedades en el campo y los contratistas públicos); mientras paralelamente aprobaba una subida del salario de su presidente Antonio Garamendi, hasta los 400.000 euros.

Por su parte, el portavoz de Más País – Equo, Íñigo Errejón, ha pedido limitar también por arriba los salarios, tras conocerse la retribución cobrada en 2022 por el presidente del BBVA, Carlos Torres vila, casi 8,3 millones de euros.

“Hay que empezar a fijar también topes por arriba”, ha dicho Errejón, quien recordó a la patronal CEOE que el 70% de sus fondos son públicos, según sostuvo, al criticar la posición de los patronos durante esta negociación.