La justicia defiende mejor al Estado que el Gobierno de Sánchez. Estas palabras, pronunciadas desde la Tribuna del Congreso durante el debate de la proposición de Ley para tipificar como delito el referéndum ilegal, cobraban todo su sentido tras la revisión del Tribunal Supremo de la sentencia del “procés” que confirma a la Justicia como la auténtica salvaguarda de la democracia , la Constitución y el Estado de Derecho frente a las decisiones abusivas y autoritarias del sanchismo gobernante.

Un auto demoledor el del máximo órgano judicial del Estado que deja al descubierto todas las vergüenzas de la reforma del Código Penal del Ejecutivo para eliminar el delito de sedición y rebajar el delito de malversación para favorecer a sus socios parlamentarios de ERC.

Una nueva chapuza legislativa que, al igual que ha ocurrido con la nefasta ley del “si es si”, va a tener el efecto contrario de lo pretendido. Porque si esta aberración legal ha reducido las penas a más de 500 violadores, pederastas y delincuentes sexuales y ha sacado de la cárcel a más de medio centenar, . y los que todavía quedan- la rebaja atenuada de la malversación va a devolver la libertad y eliminar la inhabilitación a un sin número de condenados por corrupción pero no, afortunadamente, a los que querían Pedro Sánchez y los golpistas catalanes.

La organización de un referéndum como el del 1-O mediante fondos públicos no puede entenderse como una malversación atenuada, argumenta el Tribunal mientras que rechaza la petición de la Fiscalía de imponerles el delito de desórdenes públicos porque lo que hicieron fue “un cúmulo de actuaciones tendentes a lograr la separación de una parte del territorio del Estado pero sin violencia”, lo que en la práctica se traduce que Oriol Junqueras permanecerá inhabilitado hasta 2031 y no podrá presentarse a las elecciones como era su deseo.

Por el mismo argumento los 21 procesados por la intentona secesionista que aun no han sido juzgados deberán ir a juicio y enfrentarse a penas de hasta seis años de cárcel, en contra de las pretensiones del sanchismo, al que el Supremo denuncia por haber dejado al Estado sin protección ante posibles golpes de Estado o rebeliones secesionistas, máxime cuando los protagonistas condenados por el 17-O han declarado reiteradamente que lo volverán a hacer.

La Sala, presidida por Manuel Marchena, censura también que la reforma penal del gobierno socialpopulista deja impunes los procesos secesionistas que no vayan acompañados de actos de violencia o intimidación, afirmando textualmente  que “el efecto inmediato de la reforma ha consistido en generar un vacío normativo en el que hechos como los que fueron enjuiciados en la sentencia que ahora se revisa pueden topar con visibles grietas de tipicidad”, para concluir que “a partir de su entrada en vigor, la fractura del marco jurídico que hace posible la convivencia, el desbordamiento de los límites competenciales propios de la estructura del Estado y la tenaz desobediencia a los requerimientos judiciales solo serán constitutivos de delito si van acompañados de actos de violencia o intimidación” .

Pues eso, demoledor y revelador de la incompetencia legislativa de un Gobierno que se mueve sólo por sus intereses electorales, con decisiones democráticamente cuestionables y socialmente condenables, mientras se desentiende de los problemas reales de los ciudadanos y, en especial, de las mujeres, a las que dejan desprotegidas ante sus agresores, dilatando en el tiempo la reforma de la citada ley del “si es si” y rechazando la mano tendida del Partido Popular tras la retirada del apoyo de sus socios de la Frankestein. Precisamente porque les importan más su permanencia en el poder que el sufrimiento de las víctimas. Así de claro.