Las preguntas de la oposición de derechas (nacional, en extinción y nacionalista) al presidente del Gobierno en el pleno del Congreso del 15 de febrero, Fastino y Jovita en el santoral, fueron las siguientes: “¿Por qué se esconde detrás de sus ministros?”, le preguntó Concepción Gamarra, del PP. “¿Está usted satisfecho con las decisiones de su Gobierno?”, le cuestionó la líder de Ciudadanos Inés Arrimadas. “¿Cree el Gobierno español que existe abuso de poder en las instituciones del Estado?”, le interrogó Miriam Nogueras, del PdeCAT. Se comprenderá la fácil respuesta de Pedro Sánchez, quien podía haber contestado a la primera “no”, a la segunda “si” y a la tercera “no”.

Pero como quiera que esas preguntas genéricas son solo la percha para colgar los mensajes electoreros de los interpelantes, la del PP repitió el “raca-raca” de la semana pasada y el presidente le contestó lo mismo, introduciendo la variante de la subida del salario mínimo interprofesional a 1080 euros, lo que significa un aumento progresivo de 350 euros mensuales desde que el líder socialista llegó a La Moncloa. A Arrimadas, que le pidió que rescate las competencias autonómicas en materia sanitaria y le reprochó que no haya cesado a la ministra de Igualdad, Irene Montero, por el fiasco de la ley del “solo sí es sí”, le contestó lamentando que haya utilizado los votos centristas para convertirse en “el triste eco de la ultraderecha”. Y a Nogueras, que le acusó de hacer reformas legales “ad hominem” para facilitar la extradición de Puigdemont, le respondió: “Hemos tratado de construir convivencia desde que llegamos al Gobierno” y le solicitó lo mismo que ha pedido Artur Mas: “Vuelvan a la política útil”.

Se comprenderá asimismo que la vicepresidenta primera, Nadia Calviño, haya agradecido la cuestión formulada por Oskar Matute, de Euskal Herria Bildu, sobre la aplicación de las buenas prácticas bancarias ante la subida de los tipos de interés de los créditos bancarios y, singularmente, el cuantioso incremento de las hipotecas. Los tipos han pasado del 1 al 3% y está previsto que suban medio punto más en julio próximo. Es verdad que antes de la escalada, el Gobierno obtuvo de casi todas las entidades de crédito (47 en total) el compromiso de no cobrar los servicios a las personas y familias más vulnerables que pidieran cambiar la hipoteca del tipo variable al fijo, pero el cambio en el plazo establecido ha sido mínimo. En términos generales, de un millón de hipotecas con interés variable solo se han registrado mil cambios a tipo fijo, es decir, el 0,01, según refirió Matute.

Para hacerse idea del impacto de la subida del precio del dinero sobre las hipotecas basta con explicar que una persona que adquirió una vivienda de segunda mano en un barrio de gente trabajadora como es Villaverde Bajo, en Madrid, y pagaba en junio de 2022 una hipoteca mensual de 496 euros, pasó a pagar 544,96 euros en agosto y ha pasado a pagar 624,62 este mes de febrero. Esto no significa un incremento equivalente a la subida del precio del dinero, sino un aumento desproporcionado del 26%.

Con todo, la ministra Calviño se mostró dispuesta a “hacer lo más conveniente, pensando en el bienestar de los ciudadanos, que para eso gobernamos”. Anunció una reunión el próximo 9 de marzo con las asociaciones de banqueros y usuarios para “adoptar medidas adicionales” y reclamó a los distintos grupos parlamentarios que agilicen la tramitación de la norma que permitirá implantar cuanto antes la llamada Autoridad de Defensa del Cliente Financiero, una figura que se encargará de combatir los abusos de la usura desmedida y que, según dejó entrever, no parece del agrado de la derecha política.