La ministra de Industria, Comercio y Turismo, Reyes Maroto, interviene durante la tercera edición del Foro ANFAC (Fotografía de 
Alberto Ortega / Europa Press).

La ministra de Industria, Comercio y Turismo, Reyes Maroto, aprovecha el foro  ‘La Movilidad de Tod@s’, organizado por la Asociación Española de Fabricantes de Automóviles y Camiones (Anfac) con la colaboración de Mapfre y de Grant Thornton para enviar un claro mensaje a a las distribuidoras de alimentos: que trasladen la reducción del IVA de los productos de primera necesidad a los precios de la cesta de la compra, porque combatir la inflación es «una responsabilidad compartida».

Reyes Maroto rechaza que sea necesario «tomar ninguna medida». El Gobierno «no baraja esa opción» de fijar los precios de la cesta básica de la compra, como reclama Podemos. «Creo que el ministro Planas explicó muy bien lo complejo que sería fijar los precios de la cesta de la compra, desde el punto de vista legal y económico», en referencia a la postura del responsable de Agricultura, Pesca y Alimentación tras la reunión del Observatorio de la Cadena Alimentaria

La distribución de alimentos es un mercado «muy competitivo», en el que no es suficiente con que el Gobierno actúe sobre los precios, sino que es «responsabilidad de todos». «Estamos solicitando a aquellos que fijan los precios que ayuden, no al Gobierno, a la economía española», insiste Reyes Maroto.

«Por ahora va a ser una llamada de atención» a toda la cadena de valor de la industria de la distribución. Pero «demandamos que internalicen las bajadas de impuestos para abaratar, no solo los productos cuyo IVA está directamente disminuido, sino el conjunto de la cesta de la compra», resalta.

«La bajada del IVA ha funcionado»

El Consejo de Ministros ha abundado en esta posición. «La bajada del IVA ha funcionado y ha permitido una reducción de los precios de la cesta de la compra básica», afirma la ministra de Hacienda y Función Pública, María Jesús Montero, en la rueda de prensa posterior.

Descarta imponer un impuesto extraordinario a las empresas de la distribución similar al de las eléctricas y la banca:  «No tenemos ningún dato que nos permita afirmar que haya beneficios extraordinarios en otras empresas que no sean las energéticas y las de la banca, pero como siempre monitorizamos la situación».

«Lo importante era frenar el alza, que se pueda ir estabilizando y volver a los precios previos», insiste María Jesús Montero. Aunque el Gobierno está en «permanente evaluación de las medidas» adoptadas y de las propuestas, también precisa que «a  todas las medidas hay que dar profundidad, dejarlas un rodaje en el tiempo para ver su impacto y ver cómo se comporta la inflación».

«Este Gobierno aprobó La ley de la Cadena Alimentaria para que no se produjera una falta de rentabilidad en los sectores más vulnerables de la cadena, habitualmente el sector primario. Medimos muy bien que cualquier medida en el sector de la alimentación, ya sea fiscal o de ayudas, no tenga una repercusión no deseada en la cadena y que haya un reparto equitativo también de los esfuerzos», recalca la responsable de Hacienda.

Por su parte, la ministra de Política Territorial y portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez, resalta que éste «hace un balance muy positivo de las medidas adoptadas para proteger a los ciudadanos. Estamos haciendo esfuerzos y estamos satisfechos con lo que se está haciendo».

La propuesta de Podemos, de bonificar un 14% el precio de los alimentos, genera «dificultades técnicas» en su aplicación, ya que el comercio minorista, al contrario que las gasolineras, que están en manos de unas pocas distribuidoras, es una actividad muy atomizada entre muchos operadores.

El Gobierno defiende esperar a que transcurra el primer trimestre para ver cómo ha funcionado la rebaja del IVA de los alimentos, para ver si hay que adoptar nuevas medidas o prorrogar las existentes.

Yolanda Díaz defiende actuar sobre los márgenes empresariales

La vicepresidenta segunda del Gobierno, Yolanda Díaz, considera «insuficiente» la posición de la parte socialista del Gobierno y reivindica actuar sobre los márgenes empresariales de los grandes supermercados para abaratar los precios, dado que este mercado se comporta como un «oligopolio».

En el mismo foto de Anfac, argumenta que la Ley de Comercio minorista permite intervenir márgenes empresariales en productos de primera necesidad, que ahora son excepcionalmente «superlativos», ante situaciones excepcionales, como una inflación del 15,3% en los alimentos que hace «imposible» garantizar una alimentación sana y de calidad a muchas personas.

Y que cinco grandes supermercados se reparten más del 50% de la cuota de mercado y que eso constituye un «oligopolio», algo que conlleva «muchísimos riesgos». Por tanto, el Gobierno debe situarse al lado «de la mayoría social» y no de los grandes supermercados.

Yolanda Díaz reconoce que en «nombre de todo el Gobierno» habla el presidente, Pedro Sánchez,.

Por su parte, Pablo Echenique insiste en que la solución es intervenir en un mercado que se comporta con un oligopolio. Y recuerda que el año pasado, con altos precios de energía o carburantes, el Gobierno no le pidió a los ciudadanos que buscaran otra gasolinera o empresa energética, sino que limitó el precio del gas y subvencionó el de los combustibles. Por tanto, la vía más factible para abaratar los alimentos es por un lado fijar un tope a los precios o bonificar, como ha propuesto Podemos, un 14% el precio de la cesta básica de la compra.