La mayor parte de las medidas fiscales adoptadas en España  frente a la crisis energética y al repunte de los precios tienen un carácter eminentemente generalizado,
en lugar de estar focalizadas en los hogares o las empresas más vulnerables, según el análisis Medidas de apoyo frente a la crisis energética y al repunte de la inflación: un análisis del coste y de los efectos distribucionales de algunas de las actuaciones desplegadas según su grado de focalización, elaborado por Esteban García-Miralles, del Departamento de Análisis de Situación Económica del Banco de España, y publicado en el Boletín Económico del supervisor.

Las rebajas del IVA de los alimentos, así como de la electricidad y del gas, suponen un
mayor ahorro como porcentaje de su gasto total para los hogares de renta baja, mientras que la bonificación a los carburantes ha beneficiado en mayor medida a los hogares de renta alta.

«Medidas alternativas, focalizadas en los hogares vulnerables en función de su renta, podrían lograr niveles de protección similares a los alcanzados con las medidas ya desplegadas, pero con un menor coste presupuestario y evitando distorsiones en las señales de precios», señala el análisis.

El experto del Banco de España recuerda que, dada la naturaleza del episodio inflacionista actual, «desde diferentes organismos e instituciones se ha enfatizado la conveniencia de diseñar estas políticas de manera focalizada en los colectivos
que más lo necesitan». «De este modo, se evitaría un impulso generalizado sobre la demanda que pudiese agravar las presiones inflacionistas y, además, afectar negativamente a la sostenibilidad de las finanzas públicas en un contexto de reducido margen de maniobra de la política fiscal en países como España», añade.

Pero la realidad es que la mayor parte de estas medidas han presentado un carácter relativamente generalizado. Y no solo en España. Según cálculos de la Comisión Europea, el porcentaje de medidas focalizadas aprobadas hasta octubre de 2022 en la Unión Europea ascendería a un 30%.

En el caso de España, se estima que un 15%-20% del coste fiscal previsto para este conjunto de medidas en el horizonte temporal 2021-2025 (entre 34.000 millones y 40.000 millones) se articula a través de medidas que están focalizadas en determinados grupos de empresas y hogares que se han visto particularmente afectados por la compleja coyuntura macrofinanciera actual.

Dentro de este grupo se encuadran determinadas rebajas en el IRPF, transferencias a hogares en función de su renta y su riqueza, o el incremento puntual de las pensiones no contributivas y del ingreso mínimo vital.

En cambio, en torno a un 80%-85% del coste fiscal previsto para el conjunto de medidas está vinculado con iniciativas que presentan un alcance relativamente
generalizado: rebaja del IVA de la electricidad y del gas, de los alimentos y de la bonificación al precio de los carburantes, así como de algunas subvenciones a ciertos sectores.