La fiscalía pide elevadas penas de prisión a la cúpula del ministerio del Interior durante la presidencia de Mariano Rajoy y con Jorge Fernández Díaz de ministro. Es consecuencia del caso Bárcenas que ha provocado no pocos quebraderos de cabeza a los populares y no menos enfrentamientos en la cúpula policial.

Estas presuntas irregularidades pueden transmitir a la población, por una parte, la sensación ejemplarizante de que “no se pasa ni una” y por otra parte cuestionar seriamente el uso partidista que se ha hecho de unas instituciones.

También, cómo no, que la justicia no es igual para todos. Muchos catalanes (y quizás también muchos no catalanes) han dejado de creer en el sistema judicial español. Las irregularidades detectadas en el llamado “catalangate” o el Pegasus, con pinchazos telefónicos a políticos, periodistas, abogados y dirigentes sociales, incluso con agentes infiltrados en determinadas organizaciones sociales no han merecido la atención de la fiscalía, normalmente los jueces desestiman las denuncias y el ministro Grande Marlaska se limita a señalar que todas las actuaciones se han hecho de acuerdo con la ley o justificando su silencio en la ley de secretos oficiales.

Incluso diversos organismos de la Unión Europea han denunciado la falta de colaboración por parte de las autoridades españolas para esclarecer los responsables de estas actividades que aparentemente violan no pocas normas. Uno tiene la sensación que pinchar los teléfonos a partidos legales, cargos públicos, abogados o periodistas de manera preventiva encaja difícilmente con del texto constitucional y que las actividades de los servicios secretos españoles ofrecen no pocas dudas sobre su legitimidad y la corrección de sus actuaciones . A veces parece que “aquí vale todo” para combatir en nombre de la unidad de la Patria a los que defienden otros planteamientos. Esto valió cuando ETA asesinaba y parece que también vale con los pacíficos movimientos ciudadanos. A ello hay que añadir espectaculares actuaciones policiales que después acaban en nada.

Sería bueno que el celo que han puesto para clarificar lo que ha sucedido en el caso Bárcenas fuera extensivo a otras investigaciones, pero no parece que ni PP ni PSOE estén por la labor e incluso trasmiten la sensación de bendecirlo.