La Unión Europea y el Reino Unido han conseguido un acuerdo que debe ser refrendado por los países miembros de la UE y por el parlamento británico. En estos tiempos de sincretismos y emblemas, lo mejor que han conseguido es el nombre, el Marco de Windsor, que merece haber sido acuñado por Oscar Wilde.

Ambas partes han lanzado cohetes para saludar el pacto, bien es cierto que ha sido mucho más efusivo el primer ministro británico, Rishi Sunak que la presidenta de la Comisión Europea, la circunspecta Ursula von der Leyen. En realidad no es para tanto, porque más que un acuerdo de conductas se trata de una alambicada expresión de voluntad, una referencia simbólica, un marco que encuadra un paisaje inconcluso.

Ha sido, en el mejor y en el peor sentido, un acuerdo diplomático, que no resuelve los problemas de fondo, que afectan exclusivamente al interior del Reino Unido, con su ambivalente provincia de Irlanda del Norte y que pivota sobre una figura evanescente, que son los ya calificados como comerciantes de confianza, que es casi un oxímoron. 

Algún comentarista británico ha calificado el acuerdo como una prestidigitación jurídica y pragmática y eso da la medida de lo que, en efecto, se ha conseguido, que es poco más que seguir negociando. La parte continental saca en limpio, como principal logro, que será la justicia europea la prevalente para resolver los conflictos que, sin duda, seguirán produciéndose.

Para los intereses españoles, el Marco Windsor debería ser una referencia para impulsar un acuerdo entre el Reino Unido y la Unión Europea sobre Gibraltar. El 31 de diciembre de 2020, la ministra entonces de Asuntos Exteriores, González Laya y el primer ministro de Gibraltar, Fabian Picardo, firmaron un acuerdo netamente insatisfactorio para España. Gibraltar sin frontera es un coladero. España debe exigir una frontera para el puerto y para el aeropuerto, no solo una frontera fiscal, que también, sino para el paso de personas de fuera del Espacio Schengen. Y la competencia en la vigilancia de estas fronteras le corresponde a España. La idea de que esa vigilancia la ejerciera el Frontex europeo, solo tendría sentido si es con carácter provisional y con cancelación a fecha fija.

El horizonte electoral inmediato juega en contra de que el Gobierno inste a Bruselas a dar pasos en la dirección indicada. En la extensa zona económica de la bahía nadie quiere hablar de cambios. Unas diez mil personas pasan a diario a Gibraltar, una o varias veces, la mayoría de ellas en vehículos, para poder cargar más. La lesión en impuestos indirectos y en la fiscalidad de las empresas es evidente, pero hay una especie de ley del silencio para mantener el statu quo. Se vive muy bien en Sotogrande, más si eres gibraltareño. 

La ocasión de presidir la Unión Europea este año, debería permitir al Gobierno central establecer una nueva relación con Gibraltar y con el Reino Unido más equilibrada, más firme, más rigurosa y estable, pero claro, esa presidencia dura un semestre a cuya conclusión hay elecciones generales.

Nada hace prever que Madrid levante la liebre de un asunto conflictivo que empañe el lustre de la Presidencia española.

Apunte sobre Ferrovial

Después de decenas de descalificaciones, desplantes, insidias y acusaciones a las empresas, además del maltrato de hecho en materia fiscal, en intervencionismos injustificables, en sospechas políticas conspirativas, resulta un sarcasmo que la señora Calviño se envuelva en la bandera para lamentar que Ferrovial decida trasladar su domicilio a los Países Bajos. Vino a decir la V1 que Ferrovial no sería nadie sin las contratas españolas a lo largo de su ejecutoria empresarial. Esa es la idea que tienen algunos dirigentes socialistas y sus palmeros, de que las empresas solo pueden ser instrumentos dóciles a sus políticas y rehenes de la actividad que desarrollan. Lamento el paso que ha dado Rafael del Pino, pero comprendo sus motivos.