La vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Asuntos Económicos y para la Transformación Digital, Nadia Calviño, asegura que las razones que ha esgrimido públicamente Ferrovial para su traslado a Países Bajos «no se sostienen». «La información disponible hasta el momento y los análisis técnicos arrojan serias dudas sobre la sustancia de los argumentos de Ferrovial», declara a Radio Nacional.

Calviño subraya que la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) está analizando los motivos que ha argumentado la empresa para marcharse a Países Bajos, entre ellos el de ubicarse allí para poder saltar a cotizar en Estados Unidos.: «Los análisis técnicos de la CNMV no parecen dar sustancia a estos argumentos y por eso prima la impresión de una falta de compromiso con su país».

«Los gobiernos tienen una función y una acción, que tiene que ser la de defender el interés general, y a lo largo de las últimas décadas se ha defendido el interés de las grandes multinacionales españolas, que han crecido con el apoyo de los contribuyentes españoles, de los Gobiernos españoles, dentro y fuera de España», señala.

Preguntada por si el objetivo del traslado de Ferrovial es pagar menos impuestos, responde que no quiere «especular».

«Por ejemplo, se ha hablado de la ‘AAA’ de Holanda, pero podrían haberse ido a Alemania si estuvieran buscando la triple A. Esto es muy relevante para sectores como el financiero, pero mucho menos para un sector como el de las infraestructuras. A eso me refiero con que el análisis técnico arroja serias dudas sobre los argumentos», explica.

Sobre quienes apuntan que la marcha de Ferrovial tiene que ver con la inseguridad jurídica de España, la vicepresidenta responde que «los empresarios saben muy bien que no es así». De hecho, España es un país que ahora mismo está captando «un gran volumen» de inversiones.

«La economía española está considerada como particularmente atractiva desde el punto de vista de la inversión y del establecimiento de proyectos empresariales que crean empleo y que crean riqueza en nuestro país, precisamente por la seguridad jurídica que tenemos», defiende.

Sobre la subida de la cotización en Bolsa de las acciones de Ferrovial tras el anuncio de su marcha, Calviño cree que «el mercado no ha integrado de una manera sustantiva este cambio, lo cual contribuye a la evaluación de que no se entienden los argumentos que se han esgrimido».

Sobre si considera a Países Bajos como un paraíso fiscal, Calviño ha señalado que, el aspecto fiscal, «ha mejorado mucho» en los últimos años, «en parte por la presión de las instituciones y de países como España», que ha defendido un tipo mínimo en el Impuesto sobre Sociedades a escala global «para evitar esa huida y competencia entre distintos sistemas fiscales porque eso nos empobrece a todos». «Lo mismo ocurre dentro de nuestro país con alguna comunidad autónoma», añade.

Propuestas de Bildu y de Podemos para impedir las fugas de empresas

El grupo parlamentario de EH Bildu ha registrado una proposición no de ley en el Congreso para impedir la deslocalización de empresas y obligar a éstas a que devuelvan los fondos públicos obtenidos y mantengan el empleo en su país de origen.

Bildu insta al Gobierno a impedir la deslocalización de empresas que hayan obtenido financiación pública. De este modo, la obtención de fondos, subvenciones o ayudas públicas debería estar condicionada a la imposibilidad de deslocalizar mediante el traslado de su actividad o parte de ella, así como por el traslado de su sede social o fiscal durante, al menos, los cinco años posteriores a la última financiación pública obtenida.

Para el portavoz adjunto de Bildu en el Congreso, Oskar Matute, el cambio de sede de Ferrovial es una herramienta para «camuflar un intento de obtener ventajas fiscales que no tienen en el país de origen».

Por ello, Bildu subraya la necesidad de «elaborar, desarrollar y aprobar» la legislación necesaria para que, en caso de producirse un caso de deslocalización, las empresas estén sujetas a la obligación de devolver las ayudas públicas otorgadas por las diferentes administraciones en, al menos, los últimos 10 años.

Por otro lado, Podemos ha registrado una proposición de ley en el Congreso para obligar a las empresas que se lleven su producción o su sede fiscal fuera de España a devolver las ayudas y subvenciones públicas obtenidas durante los 10 años anteriores a la decisión de abandonar el país, pagando asimismo los intereses de demora.

Unidas Podemos justifica esta propuesta en la «piratería económica» por parte de Ferrovial. El portavoz del grupo confederal, Pablo Echenique, criticó además que ésta y otras empresas hayan crecido a raíz de las ayudas y contratos públicos y ahora puedan irse a un «paraíso fiscal» sin «ninguna consecuencia».