El 6 de febrero, las provincias del sudeste de Turquía fueron sacudidas por varios terremotos que causaron más de 40.000 muertos en ese país y en Siria. Según las Naciones Unidas, este saldo, lejos de ser definitivo, podría duplicarse. Millones de personas necesitan ayuda humanitaria, mientras que el personal sanitario se esfuerza por evitar la propagación de enfermedades en los centros que albergan a las decenas de miles de refugiados.
El impacto de la catástrofe en la economía turca es aún incierto, pero los recursos económicos necesarios para la recuperación ya se estiman entre 50.000 millones$ y 85.000 millones (según la Confederación Empresarial y de Negocios de Turquía). Se ha declarado el estado de emergencia en 11 ciudades, entre ellas Kahramanmaraş, Hatay y Gaziantep, que son centros regionales clave para la logística, la producción y las exportaciones.
Estas regiones producen alrededor del 12% del PIB del país, el 20% de la producción agrícola y forestal total, el 10% de la producción manufacturera y casi el 15% de la actividad de la construcción.
Aunque la inflación es ya muy elevada (58%), la pérdida de producción agrícola y el inicio del Ramadán en marzo deberían incrementar el fenómeno. Coface estima que la inflación alcanzará una media de 50% en 2023, mientras que ascendió a 72% en 2022.
A corto plazo, se prevé una fuerte desaceleración del crecimiento. Tras el terremoto de 1999, el PIB se contrajo un 3,3% antes de repuntar un 6,8% en 2000. A principios de año, Coface estimaba que el PIB crecería un 3,5% en 2023, una cifra que no tenía en cuenta los efectos del seísmo, que están aún por determinar. De hecho, algunas fábricas han quedado total o parcialmente destruidas.
La Autoridad de Supervisión Bancaria turca (BDDK) también ha puesto en marcha los primeros mecanismos para aliviar algunas de las restricciones de la deuda y permitir a las empresas afectadas compensar parte de sus pérdidas y el deterioro de
sus flujos de caja.
Según el análisis de Coface, los sectores más afectados por la catástrofe son el textil, la confección, la alimentación, los servicios, las TIC, los metales, los productos químicos y el comercio minorista.
A medio plazo, la necesidad de reconstruir una zona de unos 110.000 km2 (mayor
que Dinamarca, Países Bajos, Suiza o Bélgica) y con una población de 13 millones de habitantes podría apoyar al sector de la construcción. El Presidente Erdogan declaró que en marzo comenzaría la construcción de 30.000 viviendas en la zona del seísmo.
En el ámbito político, los efectos del terremoto, unidos a las turbulencias económicas del año pasado (inflación históricamente alta, la debilidad de la lira turca, etc.) podrían inducir a la población, convocada inicialmente a elecciones el 14 de mayo, a centrarse en la situación económica interna del país. Sin embargo, existe un debate sobre la celebración de estas elecciones: la oposición pide que se mantengan, pero hay una gran incertidumbre al respecto.
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