Antonio Garamendi, presidente de CEOE, con Unai Sordo, secretario general de CCOO; Pepe Álvarez, secretario general de UGT, y Gerardo Cuerva, presidente de Cepyme y vicepresidente de CEOE.

Los sindicatos han instado hoy a la patronal CEOE a aceptar la última propuesta sindical para un pacto sobre salarios. Además, el sindicato UGT ha urgido al Gobierno a aprobar medidas de control de precios sobre la cadena alimentaria; y una nueva remesa de ayudas, en forma de cheques básicos, que ayuden a las familias más vulnerables a sobreponerse al vendaval que agita la cesta de la compra, desde hace más de un año y medio.

Las propuestas de UGT llegan después de que la semana pasada los sindicatos CCOO y la propia UGT lanzaran su última oferta a los empresarios sobre un pacto salarial. La oferta se basa en un sistema limitado de recuperación del poder adquisitivo, reservado solo a las empresas o sectores con mayores beneficios. Y lleva, además de un ultimátum con fecha 1 de mayo, un ruego al Gobierno, para que éste suba el Impuesto de Sociedades a las grandes empresas, en caso de que fracase la nueva tentativa.

Los sindicatos dan a la patronal CEOE un plazo límite del 1 de mayo para cerrar el pacto salarial. Cuando llegue esa fecha se cumplirá un año del fracaso de la anterior tentativa de elaborar una guía que oriente la fijación de salarios en el sector privado en todo el Estado.

Un nuevo acuerdo por el empleo y la negociación colectiva (AENC) para el cual los sindicatos piden subidas salariales del 5%, el 4,5% y el 3,75% para 2022, 2023 y 2024, respectivamente. Y para el cual las centrales han inventado un nuevo sistema que permita igualar las subidas salariales a la escalada de precios, aunque sólo en las empresas y sectores con suficiente beneficios.

El nuevo sistema propuesto por los sindicatos exige la creación de un índice estadístico, que permita determinar qué empresas o sectores cuentan con beneficios suficientes para afrontar subidas salariales iguales a la inflación.

Este nuevo índice se elaborará con información fiscal, y dependerá de Hacienda y de sus registros relativos al IVA repercutido y soportado, junto a la información sobre salarios que la Agencia Tributaria (AEAT) obtiene a través de su modelo 111.

Una información que permitirá mejorar la negociación de convenios colectivos, y que decidirá – si se aprueba la propuesta sindical – aquellas empresas o sectores donde se activan las cláusulas de revisión salarial.

A la espera de la respuesta de CEOE

Los sindicatos han trasladado ya su propuesta a la patronal CEOE y tratan ahora de forzar a sus interlocutores a aceptar este nuevo Sistema de información económica para la negociación colectiva (SIENC), cuya elaboración recaería sobre el Servicio de estudios tributarios y estadísticas de la Agencia Tributaria (AEAT).

Sin embargo, los sindicatos recelan de la intención de los empresarios, a pesar de las palabras de elogio con que acogió Antonio Garamendi, el líder de CEOE, las primeras ideas sobre este índice, hace ya más de un mes.

Por ello las centrales sindicales demandan al Gobierno que actúe en caso de que los empresarios se nieguen a firmar la recomendación. Y promueva el Ejecutivo un alza impositiva, que afecte especialmente a las grandes empresas, a las que los sindicato acusan de pagar pocos impuestos en relación a sus beneficios.

La propuesta reclama la fijación de un umbral mínimo en el Impuesto de Sociedades que pagan las empresas. Y que ninguna empresa pueda liquidar sus cuentas con Hacienda sin pagar al menos un 15% o un 20% de sus beneficios, según reclaman los sindicatos.

Según la estimación sindical, en la actualidad en España, las grandes empresas apenas pagan un 5% de su beneficios en concepto de Impuesto de Sociedades; en tanto que las pequeñas y medianas empresas (pymes) abonan entre el 13% y el 20,5%, según aseguran.

Una recaudación millonaria pero muy necesaria, concluyen los sindicatos, ahora que se agotan los vientos de cola que han impulsado la economía, como el ahorro embalsado de las familias, y cuando además la subida de tipos con que el Banco Central Europeo (BCE) trata de contener la inflación elevará las hipotecas, restando el equivalente al 15% de la renta disponible de las familias, estiman los sindicatos.