Al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, le resultó bastante fácil defender su feminismo el 8 de marzo, día internacional de las mujeres, frente a los reproches de las derechas por la indeseable rebaja de penas a los agresores sexuales a los que ha dado lugar la llamada “ley del solo sí es sí”. La portavoz del PP, Concepción Gamarra, le acusó de defender sus propios intereses, no a las mujeres, y le restregó el “caso mediador”, en el que aparece el diputado del PSOE por Tenerife Bernardo Fuentes Curbelo (ya expulsado del Congreso y del partido) con prostitutas a cargo de empresarios ávidos de concesiones y subvenciones. Sánchez le contestó que el feminismo del PP consiste en recurrir los derechos de las mujeres al Tribunal Constitucional (en referencia al aborto). Citó mejoras tan sentidas como la ley de Igualdad, el aumento del presupuesto contra la violencia de género, la reposición del alta en la Seguridad Social de las personas que tienen dependientes a su cargo, que en su mayoría son mujeres, y el proyecto de paridad efectiva (ley del 50%) aprobado el martes por el Consejo de Ministros. Sobre el diputado canario enredado por el mediador, junto a un general “trincoso” de la Guardia Civil (ya jubilado) y al candidato del PP a la presidencia de Canarias en una trama de corrupción y tráfico de influencias, Sánchez reconoció: “Cuando hay un polizón lo bajamos a tierra y cuando me subo a un barco lo primero que hago es comprobar quien es el patrón; creo que ustedes me entienden”. Mas claro que el agua clara. Es como si se refiriese al líder del partido conservador, Alberto Núñez Feijóo, bogando en el barco de su amigo y famoso narcotraficante Marcial Dorado.

No por ayudar al PSOE a rectificar las consecuencias indeseables de la ley que, de momento, ha reducido las penas a más de 730 agresores sexuales, votando doce horas antes con los socialistas y los nacionalistas del PNV y el PDECAT la toma en consideración de la nueva formulación penal, dejó Gamarra de solicitar a Sánchez que “pida perdón” a las mujeres por el daño causado. “Lo que pasó ayer aquí –dijo– es una enmienda a la totalidad, a su feminismo y a su Gobierno”. Citó a tres mujeres, dos de su ciudad, Logroño, con dificultades económicas y una de Sevilla que fue violada por su tío cuando era niña y ahora ve cómo le rebajan la pena seis meses. Todo ello para demostrar que Sánchez no es feminista. Ironizó sobre la inasistencia de Sánchez al pleno de la rectificación: “Su espantada de ayer –dijo– nos impide saber si quería votar ‘si’ con su Gobierno o ‘no’ con su Gobierno”. Por cierto que la ministra de Igualdad, Irene Montero, solo estuvo acompañada en el banco azul durante el debate por la secretaria general de Podemos y ministra de Derechos Sociales Ione Belarra, sin que ningún acto oficial impidiera la presencia de la vicepresidenta y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, y del titular de Consumo y coordinador general de IU, Alberto Garzón, si bien éste acaba de ser padre. La negativa de Montero (esposa de Pablo Iglesias) y de Belarra a admitir la rectificación punible para evitar la rebaja de penas a los agresores sexuales cuando los nuevos artículos del Código Penal entren en vigor, dejó, en efecto, la imagen de una coalición tambaleante.

Al margen de las contradicciones entre ética y política (por razones éticas Montero tendría que abandonar un Gobierno del que discrepa en la rectificación de su ley), resulta evidente la decisión de Podemos de tensar las relaciones con el PSOE para intentar arañarle votos en las próximas elecciones locales y autonómicas y, a poder ser, en las generales, a finales de año. Es el camino elegido por unos dirigentes cuya masa encefálica, empedrada de dogmatismo, les impide reconocer los errores y ver más allá de la hipotenusa de su nariz, es decir, la subdivisión y, en consecuencia, debilidad de la propia formación política. Si los errores se pagan, queda claro que en el Ejecutivo de Pedro Sánchez, cuya paciencia parece trasplantada del santo Job, solo dimiten los altos prebostes responsables de los trenes de vía estrecha que, según los planos, no cabían por los túneles cántabros y asturianos. A estas alturas, la coherencia de Podemos empieza a estar al nivel del patriotismo del presidente de Ferrovial, Rafael del Pino. Cierto es que ese gazmoño evasor al menos ha rectificado la afirmación de que trasladaba a Países Bajos la sede social de la empresa por falta de seguridad jurídica en España.