El Tribunal de Cuentas Europeo (TCE) ha pedido a la Comisión Europea pautas sobre la revocación o anulación de medidas relacionadas con los hitos y objetivos previamente cumplidos y establecidos en los planes nacionales de Recuperación y Resiliencia para garantizar una interpretación y aplicación coherente.
Además, los auditores critican que no se haya determinado hasta casi la mitad de vigencia de este mecanismo el montante de los fondos que será inmovilizado o reducido si un país no cumple plenamente un objetivo o hito.
Bruselas publicó el detalle de este procedimiento de suspensión el 21 de febrero, con sanciones aplicables al montante que corresponde a cada hito y objetivo relacionado con la entrada en vigor de una reforma o un «paso final», aunque en ningún caso la sanción afectará a la totalidad del tramo.
No obstante, esto no es suficiente para los auditores, que han criticado que la Comisión no haya establecido normas sobre qué hacer si se produce un retroceso en una medida financiada, lo que hace más probable que los hitos y objetivos que se hayan revertido pasen «desapercibidos».
Aunque el informe del TCE destaca que la Comisión ha creado un sistema de control en un plazo «relativamente corto» para el principal fondo de recuperación de la UE tras la pandemia, dotado con 724.000 millones€, también asegura haber hallado «lagunas de fiabilidad y rendición de cuentas» en la protección de los intereses financieros de la UE.
Los Estados miembros están obligados a comprobar que los proyectos de inversión financiados por el mecanismo cumplen las normas nacionales y de la UE, pero Bruselas dispone de escasa información verificada propia sobre esos controles y desconoce si los están llevando a cabo y de qué manera. Así, los auditores señalan que sin garantías de que se cumplan estas normas, existe una falta de rendición de cuentas a escala de la UE.
La Comisión manifiesta su «total desacuerdo» con la conclusión del TCE y recuerda que el reglamento contempla un marco de control que garantiza que los fondos de la UE no se malgasten. La garantía y la responsabilidad están «claramente establecidas», por lo que «no hay lagunas». Recuerda que se han realizado 19 auditorías para confirmar que los sistemas de control de los Estados miembro están «a la altura de las circunstancias», algo que lamentan que no se refleje en el informe del TCE, porque éste sólo examinó la información disponible hasta abril de 2022.
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