El secretario de Hacienda, Jesús Gascón, en una comparecencia ante el Congreso de los Diputados.

El Gobierno tiene prisa en trasladar a la normativa fiscal española el acuerdo de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) con 136 países para aplicar un impuesto mínimo global del 15% a las multinacionales.

El Ministerio de Hacienda ya tiene en consulta pública el borrador de la norma, que se incluye en un anteproyecto de ley de trasposición de una Directiva europea. En unas pocas semanas llegará al Congreso para iniciar su tramitación parlamentaria.

La intención del Gobierno es que esa tasa para multinacionales en el Impuesto de Sociedades esté operativa en 2024.

Ese año terminan los impuestos temporales a la banca y a las energéticas por sus supuestos beneficios extraordinarios y que grava los resultados de 2022 y de 2023.

El secretario de Estado de Hacienda, Jesús Gascón, declaró el 27 de febrero en una comparecencia en la Comisión de Hacienda y Función Pública en el Congreso de los Diputados que en cuanto entre en vigor este nuevo Impuesto de Sociedades mínimo del 15% para multinacionales, el Gobierno se replantearía la continuidad de los gravámenes a empresas energéticas y del sector financiero.

Esta afirmación choca con el acuerdo alcanzado por el Gobierno en noviembre de 2022, en medio de la tramitación de los Presupuestos Generales del Estado, con EH Bildu para evaluar la posibilidad de convertir estos impuestos en permanentes.

Gascón también cree que hay que replantearse, con el 15% a las multinacionales, el impuesto a las grandes fortunas, creado en la misma norma que la tasa temporal a banca y energéticas.

Fiscalidad mínima para multinacionales

La OCDE cerró un acuerdo con 136 países para aplicar una fiscalidad mínima para empresas multinacionales, que debe aplicarse en cada una de las naciones firmantes del pacto, lo que obliga a cambios legislativos.

El 15% de tipo mínimo en el Impuesto sobre Sociedades se aplicará a las multinacionales con ingresos globales superiores a los 20.000 millones€ y una rentabilidad por encima del 10%, excluyendo a las empresas extractivas (petroleras o mineras) y las de servicios financieros regulados. También a las empresas que facturen más de 750 millones€ a escala global.