El Foro de Expertos del Instituto Santalucía, órgano de reflexión y debate permanente en materia de educación financiera, economía sostenible y mundo sénior de la aseguradora, expresa su preocupación por las medidas propuestas por el Gobierno para reformar el sistema público de España. En las conclusiones del Informe con el Análisis del último bloque de reformas pendientes de implantar para la reforma del sistema de pensiones, destaca que va en detrimento de la equidad tanto inter como intra-generacional y contributiva, y no resuelve el problema de sostenibilidad del sistema a largo plazo. Además, los expertos coinciden en que las medidas pueden generar fuertes distorsiones en el mercado de trabajo y el sistema productivo español.

Estas reflexiones surgen tras haber analizado el borrador del Real Decreto Ley sobre las reformas pendientes de implantar según el componente 30 – centrado en la “Sostenibilidad a largo plazo del sistema público de pensiones en el marco del Pacto de Toledo” – del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia enviado a la Unión Europa. Un plan que tendría que haber finalizado su implantación a finales del año 2022.

Entre las preocupaciones del Foro de Expertos, destaca el aumento de las cotizaciones sociales sin contraprestación económica, con la entrada en vigor del Mecanismo de Equidad Intergeneracional (MEI), que se aplicaría entre 2023 y 2032 en las nóminas de todos los asalariados e ingresos netos de los autónomos. Este mecanismo, que se desarrolló en la Ley 21/2021, tenía por objetivo allegar recursos para afrontar la jubilación de los baby boomers. Según el proyecto de RDL conocido, las cotizaciones sociales se incrementarán de los 0,6 puntos porcentuales actuales a 1,2 puntos en 2029 y hasta 2050, en principio. Este incremento en las cotizaciones sociales, sin contrapartida en la pensión acorde a esa subida, no contribuye en absoluto a la equidad intergeneracional, incrementando la carga fiscal sobre las cohortes más jóvenes en lugar de reducirla, y resulta claramente insuficiente para compensar los efectos financieros de la supresión del factor de sostenibilidad.

Además, el Foro de Expertos también analizó la inclusión de una nueva cuota de solidaridad; un recargo que se aplicará sobre la parte del salario que no cotiza por superar el máximo de cotización, que será del 1% en 2025, y que irá aumentando hasta llegar al 6% en 2045. Esta nueva, como el Foro de Expertos la define, “cotización de solidaridad” presenta los mismos inconvenientes y limitaciones que el MEI, es decir, podría generar un efecto adverso sobre la competitividad de las empresas y desincentivar la contratación de talento. Igualmente, la base máxima de cotización se actualizará con la inflación más un 1,2% adicional, también sin efectos sobre el cálculo de la pensión.

Las bases máximas de cotización y la pensión máxima deberían crecer al mismo ritmo, con el fin de preservar la contributividad y la equidad del sistema. De hecho, los expertos convienen en revisar la normativa existente para evitar que exista un diferencial (actualmente en torno al 20%) entre la base máxima de cotización y la pensión máxima, que convierta parte de la cotización de los trabajadores en un impuesto, en vez de una compensación diferida. Los aumentos recaudatorios propuestos, sin embargo, solo van a incrementar el efecto “impuesto” con un impacto muy reducido en las cuentas de las pensiones (en torno al 0,15% del PIB), y que a buen seguro no va a mejorar la sostenibilidad del sistema.

“Las reformas del sistema de pensiones no están teniendo en cuenta el problema principal: tenemos un sistema excesivamente generoso, que genera una ‘rentabilidad implícita’ sobre las cotizaciones realizadas muy por encima de lo que la economía española permitiría pagar”, comenta José Manuel Jiménez, director del Instituto Santalucía. “Con la actual esperanza de vida tras la jubilación, los niveles de productividad y ocupación de nuestro país, y la evolución de la población jubilada y en edad de trabajar; las pensiones públicas actuales son más elevadas de lo que permiten nuestros salarios y cotizaciones”, añade.

De este modo, el Foro de Expertos concluye que las medidas propuestas por el Gobierno renuncian a cualquier intento de control del crecimiento del gasto en pensiones, que pueda acercar nuestra tasa de sustitución (el cociente entre la primera pensión y el último salario) a la de los países de nuestro entorno. Además, tampoco se introducen medidas suficientes de aumento de ingresos para asegurar el equilibrio del sistema de pensiones y las que se introducen son muy distorsionantes. Para corregir este problema, los expertos instan a realizar una reducción gradual y anticipada de la actual tasa de sustitución, hasta eliminar el déficit actuarial y garantizar la sostenibilidad financiera del sistema.

El Foro de Expertos está integrado por José Ignacio Conde-Ruiz, Guillermo de la Dehesa, Rafael Doménech, Ángel de la Fuente, Mercedes Valcárcel, José Antonio Herce y Josefa Ros.