El Tribunal Penal Internacional (TPI) ha emitido  una orden de arresto contra el presidente de Rusia, Vladimir Putin, bajo la presunción de crimen de guerra por la deportación forzada de niños ucranianos desde zonas capturadas durante la guerra de Ucrania a territorio ruso.

El TPI también ha emitido una orden de arresto por el mismo motivo contra la comisaria presidencial de los derechos de la Infancia de la Federación Rusa, Maria Alekseievna Lvova-Belova, ha hecho saber la corte en un comunicado.

La corte entiende «motivos razonables» para creer que Putin «tiene responsabilidad penal individual» por estos delitos, bien por su comisión «directa» o por haber sido incapaz de «ejercer un control adecuado sobre los subordinados civiles y militares que cometieron los actos».

La posibilidad de que el TPI acabe juzgando a Putin es prácticamente imposible porque no puede atender casos ‘in absentia’ del acusado, Rusia se retiró en 2016 del Estatuto de Roma, que sirve de cimiento legal para el tribunal, y el Kremlin no tiene la más mínima intención de entregar a nadie al Tribunal.

Pero el TPI está capacitado para imputar a Putin, dado que no reconoce la inmunidad para los jefes de Estado en casos de crímenes de guerra, crimen contra la Humanidad o genocidio. Y ha hecho algo excepcional al identificar a Putin y Lvova-Belova, en contra de la doctrina habitual que favorece el anonimato, al indicar que «el conocimiento público de las órdenes puede contribuir a la prevención de la comisión de nuevos delitos», particularmente el de la deportación infantil forzada, «que todavía continúa».