La Inspección de Trabajo ha levantado actas de infracción contra Glovo que afectan a 3.060 trabajadores en Andalucía. La plataforma de reparto se verá obligada a dar de alta como asalariados a los repartidores, que actuaban como “falsos autónomos”, según el sindicato Comisiones Obreras (CCOO). La cifra podría elevarse aún notablemente, cuando se culminen sendas inspecciones en Jaén y Cádiz. Sin embargo, la Inspección no ha podido actuar contra Deliverooo, al no operar ya en España esta segunda empresa de reparto.

La Inspección de Trabajo obliga a la empresa de reparto Glovo a dar de alta a 3.060 repartidores en Andalucía, tras constatar que los repartidores estaban vinculados a la empresa como autónomos, y no como asalariados, como deberían, según el sindicato.

La labor de la Inspección de Trabajo parte de una denuncia de CCOO hace tres años contra Glovo y Deliveroo; y ha sido comunicada ahora por la Inspección al sindicato.

CCOO advierte que faltan aún por culminar dos investigaciones más, que afectan a los repartidores de Glovo en las provincias de Jaén y Cádiz, por lo que el número de personas afectadas “se ampliará significativamente”.

En cambio, en el caso de Deliveroo, “no se han podido iniciar accionar de inspección” debido a que la plataforma no opera ya en España desde el año 2021.

Más de 15.000 repartidores regularizados

Con los 3.060 repartidores regularizados en Andalucía, Glovo acumula ya más de 200 millones en sanciones, y cerca de 15.000 repartidores regularizados, advierte el sindicato.

Además, los inspectores constatan en sus actas, según el sindicato, el “uso de empleo irregular de personas extranjeras” y la “obstaculización de la labor inspectora”, añaden.

Finalmente, en Madrid, la Sala de lo Social tiene abierto un proceso que afectaría a otras 3.200 personas, que han sido contratadas ‘bajo una fórmula laboral que la Ley Rider no permite”, agrega la central; en referencia a la ley que regula el trabajo en plataforma de los repartidores.

Tras conocer la sanción, CCOO insta a Glovo a que “recapacite” y “cumpla la normativa” a fin de que las plantillas vean reconocidos “sus derechos sociales y laborales”, concluye.