Los efectos colaterales de las medidas que adoptan los gobiernos sólo se lamentan, y a veces se reparan, a toro pasado. Aquí tenemos recientes ejemplos que por sí mismos deberían a llevar al ánimo de todos las instituciones con capacidad normativa a analizar las consecuencias negativas que sus decisiones comportan, al menos con el mismo interés que los resultados positivos que esperan de ellas.

En las últimas semanas los achaques de algunas entidades financieras extranjeras, provocados más o menos indirectamente por la evolución de los tipos de interés, me han hecho reflexionar sobre la medida adoptada por el Gobierno el año pasado de establecer un impuesto temporal a la banca y a las grandes empresas eléctricas, con el argumento de que estaban obteniendo unos beneficios extraordinarios.

La presidenta del Banco Central Europeo y el gobernador del Banco de España han coincidido en el reconocimiento de que las entidades financieras del marco del euro han obtenido una mejora de sus márgenes que “excede de forma significativa el encarecimiento de su financiación”. Viniendo de tan conspicuos representantes financieros nunca me atrevería a decir nada en contrario. Pero esa afirmación no implica que el Gobierno español succiones los recursos con un impuesto, aunque se diga temporal y no se le llame impuesto, sino que esos mayores excedentes deben ser destinados a consolidar a las entidades y no aumentar los ingresos del Estado que, como ya he señalado en otras ocasiones, bastante dinero está recaudando con el  incremento escandaloso de la inflación.

Porque también la señora Lagarde y el señor Hernández de Cos han coincidido en que el Banco Central Europeo debe estar preparado para responder “como sea necesario” para preservar la estabilidad financiera y restablecer la estabilidad de precios. Y han abundado, en orden a la prevención y también a la disuasión de actividades poco ortodoxas, que utilizará todos los instrumentos de política monetaria necesarios para suministrar apoyo de liquidez al sistema si hiciera falta. Y, como obras son amores, han puesto en marcha de manera inmediata las subastas diarias de liquidez en dólares (swap), aunque los bancos apenas han tenido que recurrir a esta fuente.

Contrasta esta actitud de prudencia con la avidez del Gobierno español, que no ha dejado reposar en las cuentas de los bancos la mejora de sus excedentes, mejora que, por otra parte, también le suponen ingresos al Estado en su condición de accionista de La Caixa, sin ir más lejos. La vicepresidenta Calviño ha saludado la firme disposición del BCE para evitar posibles problemas al sector financiero, pero no por ello ha admitido el error soberano de haber impuesto un gravamen, cuando menos prematuro, a los bancos nacionales.

Otro daño colateral de las decisiones de este Ejecutivo tan proclive a esquivar con decretos y proposiciones de ley los preceptivos informes cautelares que acompañan a los proyectos de ley y que nos habrían ahorrado casos tan lacerantes como la excarcelación y disminución de penas de violadores y maltratadores o la utilización de beneficios de ahorro energético por personas que gozan de una sobrada situación económica, por citar algunos ejemplos.

Una vez más la avaricia gubernamental acabará por dilucidarse en los tribunales, donde los bancos lo tienen bastante fácil con solo presentar los argumentos del BCE y del Banco de España.