El «Congreso Fiscal 2023: El asesor ante la nueva fiscalidad», organizado por Lefebvre, ha sido inaugurado por Juan Pujol, presidente de Lefebvre; Javier Martín, catedrático de Derecho Financiero y Tributario de la UCM y socio director de Ideo Legal, y Jesús Rodríguez, profesor titular de Derecho Financiero y Tributario, presidente del Consejo para la Defensa del Contribuyente y socio director de Práctica Tributaria de Ideo Legal.

Jesús Gascón, secretario de Estado de Hacienda, ha abierto la jornada con una ponencia sobre los retos tributarios de la Presidencia española de la Unión Europea:  “estamos en un momento de incertidumbre y complejidad, con una gran cantidad de frentes abiertos”. Respecto a la imposición directa, ha mencionado “la posibilidad de llegar a un acuerdo sobre el Pilar 1 OCDE, donde se contempla una fiscalidad mínima para grandes grupos multinacionales”. Además, «es deseo de la Comisión Europea armonizar el Impuestos sobre Sociedades entre los 27 países miembros. El Proyecto BEFIT (“Business in Europe: Framework for Income Taxation”), tiene como objetivo establecer unas normas comunes para hallar la base imponible en aquellos grupos que tengan más de 750 millones de facturación, aunque también se refiere a las PYMES, y dentro de su ámbito, se contemplan los precios de transferencia”.

Respecto a las entidades sin actividad económica (shell companies), Gascón ha destacado el Proyecto Unshell, señalando que “busca prevenir su uso limitando cualquier ventaja impositiva que pudieran tener una entidad con substancia económica” y el Proyecto SAFE “que busca establecer reglas sobre el papel de los asesores e intermediarios en la planificación fiscal internacional”. Ha mencionado el Proyecto FASTER que “busca establecer un procedimiento más ágil que evite la doble imposición y la prevención de abusos fiscales. Existe también la posibilidad de avanzar en la DAC 8, que regularía todo lo relacionado con la información respecto a los criptoactivos”.

Finalmente, en la imposición indirecta, el secretario de Estado de Hacienda ha mencionado al Proyecto VIDA (VAT in the digital age), que “busca avanzar en la ventanilla única en la UE, el papel de las plataformas digitales en el impuesto y el establecimiento de unas reglas armonizadas en los sistemas de información respecto al impuesto. También, es intención revisar el régimen de agencias de viajes, sobre todo a efectos de las reglas de localización”.

La responsabilidad fiscal

Santos Gandarillas, magistrado de la Audiencia Nacional, y Antonio Montero, inspector de Hacienda del Estado en la Agencia Tributaria, han participado en una mesa en la que han analizado la actual doctrina administrativa y jurisprudencial de la responsabilidad fiscal, incidiendo en que la función de la Agencia Tributaria no es recaudar, sino velar por el buen cumplimiento de la regulación.

Begoña García-Rozado, directora Global Fiscal de Iberdrola; Luis López-Tello, director Corporativo de Repsol, y Javier Molina, director de Asesoría Fiscal de Santander, han coincidido en que sí se pueden considerar como impuestos dichas prestaciones. García-Rozado ha resaltado que “el carácter impositivo de las prestaciones patrimoniales cubre gastos generales”, mientras que Molina ha indicado que “si hay capacidad económica y gasto público, se debe tener un principio de reserva de ley estricto”.

Posteriormente, bajo la moderación de Pelayo Oraá, socio del área de Fiscalidad Corporativa de KPMG Abogados, Silvia López Ribas, inspectora de Hacienda del Estado de la Dirección General de Tributos; David Gutiérrez Abarquero, director de Control Económico y Fiscalidad de Acciona, y Alberto de Miguel, director de Áreas Corporativas del departamento Fiscal de BBVA, han hecho un repaso sobre las implicaciones de dicho impuesto que establece un tipo de sólo el 15% para recaudar impuestos adicionales. Silvia López ha señalado que “no puede haber doble imposición entre países. Si todos usáramos las mismas reglas, el impuesto sería contable. El objetivo es crear un sistema que evite conflictos o, en su defecto, que ayude a resolverlos”.

César García Novoa, catedrático de Derecho Financiero y Tributario de la Universidad de Santiago de Compostela; Javier Pérez-Fadón, exsubdirector general del Ministerio de Hacienda; y Gerardo Cuesta, socio del Área Fiscal en Deloitte Legal. Los expertos han analizado los factores que podrían poner en duda la constitucionalidad del impuesto, la invasión de las competencias autonómicas, la vulneración del principio de seguridad jurídica y la del principio de capacidad económica y no confiscatoriedad. Por su parte, Gerardo Cuesta ha asegurado que “existe una desproporción evidente en la carga tributaria que soportan los contribuyentes por su patrimonio”.

También se han abordado otras cuestiones fiscales como la nueva ley de startups, el desarrollo de la prohibición del software de doble uso, la factura electrónica, así como el nuevo régimen fiscal de autónomos y el futuro de la profesión del asesor fiscal.