Salgado enfatizó que la reestructuración del sistema financiero en España «tendrá un coste cero para los contribuyentes», objetivo en el que descansa la modificación adoptada a través de decreto ley para reforzar la capacidad financiera del FGD.

Asimismo, se ha fijado en el 2 por mil de los depósitos la contribución efectiva que todas las entidades deben aportar anualmente, mientras que hasta ahora se situaba entre el 0,6 y el 1 por mil, en función del perfil de las entidades.

El Ejecutivo ha introducido además mejoras en la normativa del FGD para incorporar mayor seguridad jurídica en los casos en que el patrimonio líquido disponible del FGD pudiera no ser suficiente para afrontar todos los procesos de reestructuración necesarios, agregó.

La norma, que entrará previsiblemente en vigor este sábado, contempla que los asociados asuman posibles derramas futuras, así como la posibilidad del endeudamiento, aclaró Salgado.

El Gobierno aprobó el pasado 14 de octubre la creación de un único FGD para todas las entidades de crédito, fruto de la fusión de los correspondientes a bancos, cajas y cooperativas de crédito, con dos funciones básicas.

Por un lado, su objetivo es la cobertura de los depósitos por un máximo de 100.000 euros por cliente y entidad, y por otro, su finalidad es ejecutar las actuaciones necesarias para reforzar la solvencia y el funcionamiento de entidades en dificultades, en defensa del interés de los propios depósitantes y del fondo.

A través de esta segunda función, el FGD puede hacer frente a las pérdidas netas potenciales que puedan acontecer en el proceso de una entidad a través del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB), organismo dependiente del Banco de España.

Según fuentes del Ministerio de Economía, si el FROB registrara pérdidas a raíz de procesos de reestructuración financiera que pudieran acontecer, como la adjudicación de la Caja de Ahorros del Mediterráneo (CAM), éstas se trasladarían «de manera inmediata» al FGD.