El fiscal Anticorrupción de Barcelona, Emilio Sánchez Ulled, ha confirmado a Ep que el caso del “pensionazo” en Caixa Penedés “presenta los criterios propios de la Fiscalía Anticorrupción. El Ministerio fiscal abrió diligencias de investigación el 24 de noviembre y las remitió a la Fiscalía Provincial de Barcelona, y ahora están en manos de Anticorrupción.

Hasta cinco altos cargos de Caixa Penedès, incluidos el presidente, Ricard Pagès, y el director general, Manuel Troyano, se habían otorgado un plan de pensiones en otra entidad por un valor total de más de 20 millones de euros. La filtración de esta información ha forzado el cese de los dos altos cargos que seguían en la caja. Los otros tres, que ya no estaban en el consejo, son el exdirector general Joan Caellas, el exdirector de recursos humanos Jaume Jorba y el exdirector general adjunto Santiago Abella.

El consejo de administración de Caixa Penedès eligió anoche a Ricard Banquells nuevo director general, y acordó estudiar, en coordinación con los servicios jurídicos del grupo BMN, la posibilidad de emprender acciones legales. Es posible, por tanto, que la entidad presente una querella por delito societario.

Entre estas actuaciones, la entidad se plantea reclamar «la eventual restitución de los paquetes remuneratorios y de previsión social conocidos», además de salvaguardar la reputación social de la caja y la honorabilidad de sus profesionales y consejeros.