Todos los países europeos se encuentran en la misma diatriba. Su sistema de bienestar se ve tocado, pero no hundido, por el elevado coste que supone el pago de las pensiones públicas. Francia, Alemania, España… son claros ejemplos de que la sostenibilidad del sistema público de pensiones en un grave problema y llevan años, décadas, implementando una tras otra, reformas que buscan mantenerlo. Las soluciones, por lo visto hasta ahora, siempre son las mismas: ampliar la edad de jubilación (que se lo pregunten a Emmanuel Macron que le ha costado dos mociones de censura y protestas permanentes desde que decidió ampliar a 64 años la edad de jubilación en Francia), y ampliar el cómputo de años para calcular cuál será la pensión de quien se jubile.

En el caso de España, el titular de la Seguridad Social, José Luis Escrivá, ha optado por una reforma en dos tomas. La primera, arreglar el desaguisado que dejó la reforma de Mariano Rajoy, apurado por la crisis de 2008, que no fue otra que ignorar la inflación para subir las pensiones, con el mínimo ridículo de un 0,25% de incremento. Así que Escrivá, con los pensionistas en la calle día tras día para protestar, lo tuvo fácil: garantizar la revalorización de las pensiones en función del IPC, sea cuál sea éste y suponga el gasto que suponga. Su objetivo: garantizar el poder adquisitivo de las pensiones, una máxima que parece justa, toda vez que en épocas de crisis son los pensionistas los que soportan los gastos en muchas familias.

Pero, claro está, lo que nos pide Bruselas queda sin respuesta. La primera parte de la reforma se ha dedicado a elevar los gastos, mientras su financiación quedaba en el aire. Y para la Comisión Europea el problema no es la revalorización de las pensiones, sino cómo se pueden pagar. Nuestros socios comunitarios no están dispuestos a darnos los fondos Next Generation sin medidas que garanticen que seremos capaces de poder mantener el sistema público de pensiones en base a los ingresos que pueda tener el sistema público. Más aún si se tiene en cuenta que mes tras mes el déficit de la Seguridad Social sigue alimentándose y creciendo. El pago de las pensiones se lleva más del 11% del PIB. Y todavía más, se está incorporando al sistema la generación más numerosa de pensionistas, los conocidos como ‘baby boomers’ (los nacidos entre finales de la década de los años 50 hasta la década de los años 70 del siglo pasado).

La solución de Escrivá en esta segunda toma de la reforma, la de cómo financiar el sistema, ha sido ampliar los años de cómputo hasta los 29 años (hubiera preferido 30) y ofrecer el caramelo de descartar los dos peores años. Cabe recordar que siempre que hay una ampliación en el periodo de cómputo, la pensión se reduce. Y también subir las cotizaciones que pagan las empresas (el ministro ha concretado que supondrá 37 céntimos por hora trabajada, es decir, 14,80 euros por 40 horas semanales, 59,20 euros al mes u 828 euros anuales -14 pagas- por trabajador). Habrá que ver si esos 37 céntimos de euros por hora perjudican la creación de empleo, como explican en CEOE. ¿Llegará a penalizarlo?

Así, las cosas, el Gobierno está satisfecho, igual que los sindicatos, los pensionistas (consideran que sus manifestaciones pasadas han conseguido lo que querían), pero se han pronunciado en contra los empresarios, el PP y Vox y hasta la AiREF, la antigua casa de Escrivá antes de ser ministro, que duda de la eficacia del modo de financiación ya que asegura que la Seguridad Social incrementará su déficit.

Por tanto, para aumentar los ingresos serán las empresas y las cotizaciones más altas, se duplica la aportación hasta 1,2 puntos la tasa para el denominado Mecanismo de Solidaridad Intergeneracional, sustituto del Factor de Sostenibilidad de Rajoy. Y por el otro lado, se destopan las pensiones máximas (una vieja reivindicación de quienes más cotizan), se revalorizarán las pensiones según el IPC. Los expertos calculan que con lo que se prevé ingresar sólo se conseguirá recaudar la mitad de lo que se prevé pagar.

Desde el PP, en plena aprobación en el Congreso del decreto de reforma, ya se ha asegurado que esta reforma se cambiará en cuanto llegue al Gobierno.

En definitiva, la reforma que sí parece también satisfacer a Bruselas, podría tener los meses o años contados.