La Pontificia Academia de las Ciencias Sociales publicó a finales del año pasado Mensuram Bonam (MB), el esperado documento de referencia para todas las entidades de Iglesia en cuanto a inversiones financieras se trata. Lo novedoso es que es el primer escrito de carácter universal promovido desde el Vaticano que marca unas claras directrices acerca de la importancia de alinear la Doctrina Social de la Iglesia (DSI) con las inversiones y con una descripción de cómo implementarla en la práctica. (El año pasado la Conferencia Episcopal americana, por ejemplo, sacó una versión renovada de sus Principios de Inversión Responsable, y sí que ha habido algunas iniciativas, pero no desde el Vaticano, como es el caso).

El objetivo de Mensuram Bonam (Buenas Medidas) es alentar a los católicos en general, y en concreto a las Instituciones de la fe, a perseverar en la integración de la DSI en sus políticas de inversión. Y en el caso de que no haya una política de inversiones, proporcionar un estímulo y un modelo para ayudar al diseño, implementación y revisión de esta.

Además, MB afirma que existe un deber fiduciario de obtener una rentabilidad financiera, que ha de ser integrado con las obligaciones de la fe: y esta integración no se puede limitar a un mero “checklist” sino que ha de ser un proceso que fije unos objetivos y que, además, se midan: “ninguna inversión puede considerarse moralmente neutral, o bien avanza el reino de Dios o lo descuida y lo socava.”

Bajo esta premisa, los Principios de la DSI inspiran un compromiso basado en la
solidaridad con el fin de promover no sólo la rentabilidad financiera, sino la dignidad humana, el cuidado de la casa común y un crecimiento económico inclusivo y sostenible.

Para integrar adecuadamente la DSI en las inversiones, no basta con la mera exclusión. “El impacto total de cualquier inversión puede medirse por cómo evita el daño y mejora la dignidad humana, beneficia a la sociedad y contribuye a resolver los problemas apremiantes que enfrenta la sociedad”. Así, MB hace un llamamiento a la titularidad activa, esto es, a que las instituciones de Iglesia establezcan un diálogo activo con las empresas en las que inviertan para fomentar la mejora de sus prácticas y que mediante ese diálogo se produzca un aprendizaje mutuo y colaboración.

Este tipo de inversión fomenta unas mejores prácticas y está alineado con las políticas ‘Best Effort’ esto es ayudar a las empresas a que emprendan un camino hacia un modelo de negocio más sostenible. Además, impulsa la inversión positiva y proactiva (inversión de impacto y para impactar) de cara a generar una contribución tangible
y medible al desarrollo integral humano. Incluso en las exclusiones, MB va un paso más allá adaptando el listado de actividades que no están alineadas con la DSI a la sociedad actual, incluyendo aspectos tales como los videojuegos, algunos aspectos derivados del uso de tecnología, soborno, violación de derechos humanos, especulación con materias primeras o combustibles fósiles, entre otros.

Es la primera vez que un documento de esta magnitud menciona de manera explícita y
práctica, términos como ASG (consideración en las inversiones de aspectos ambientales, sociales o de gobierno), inversión ‘quot;best in class’; ‘best effort’, o inversión de impacto. Y añade que, si bien el ASG no es sinónimo de la DSI, sí que se complementan y puede ayudar a canalizar las inversiones a temas como soluciones para el cambio climático, buenas prácticas laborales y sociales o defensa de los derechos humanos.

El documento hace un llamamiento a la reflexión acerca de la mejor manera de integrar la DSI en la gestión de las inversiones de cada Institución, pero también a la urgencia de implementación. Es una magnífica noticia para todos aquellos fieles que están interesados en alinear sus inversiones con la fe, y sobre todo a la hora de que las congregaciones religiosas no sólo puedan potenciar el impacto positivo que están generando con su actividad, a través de la generación de flujos para la sostenibilidad de su institución, sino que además puedan exigir a sus asesores una medición y maximización del impacto positivo generado.

Ana Guzmán Quintana, directora de inversiones y de impacto en Portocolom AV