La vicepresidenta de la Generalitat, Joana Ortega, recibe este lunes al Ayuntamiento de L’Aldea, municipio tarraconense al borde de la fallida por el bloqueo de las cuentas bancarias de 3.000 vecinos a consecuencia de un concurso de acreedores en la sección de crédito de su cooperativa. La fallida de esta entidad ha sembrado el pánico entre el resto de cooperativas agrarias catalanas y la población catalana en general, que ha seguido este fin de semana por la televisión autonómica la desesperación de los afectados del primer “corralito” que se produce en Cataluña. Algunos vecinos de L’Aldea han tenido que recurrir a los servicios de Caritas porque tienen todo su dinero bloqueado.

Los vecinos se han organizado para personarse ante los juzgados, ya que no pueden recuperar ni un euro de sus ahorros, mientras el consejero de Agricultura de la Generalitat, Josep Maria Pelegrí, ha avanzado que la Generalitat “hará lo posible” para que los afectados por esta crisis puedan volver a la normalidad. Por su parte, el consejero de Economía del gobierno catalán, Andreu Mas-Colell, del que depende la inspección de las secciones de crédito de las cooperativas agrícolas, ha nombrado a la directora del Instituto Catalán de Crédito Agrario, Divina Alsinet, supervisora del caso de L’Aldea. Alsinet recibirá también este lunes a los representantes de la Cooperativa de L’Aldea para iniciar las actuaciones.

La cooperativa agrícola de L’Aldea prepara la correspondiente documentación para presentar concurso de acreedores, al haberse quedado sin liquidez su sección de crédito. La sección de crédito efectúa algunas operaciones a través de Caja Madrid, actualmente integrada en Bankia, pero esta entidad no se hace cargo de las cuentas dispuestas en la cooperativa, al mantener una mera relación comercial con la cooperativa.

El desencadenante de la descapitalización de la cooperativa se ha producido a consecuencia de la competencia de otras entidades que, al ofrecer mejor remuneración por los depósitos, han captado el dinero de socios y otros clientes. Un fenómeno que también ha coincidido con una inversión realizada recientemente para ampliar unos terrenos que gestiona la cooperativa para poder aumentar la producción de los socios y que les habría dejado sin liquidez.

El alcalde de L’Aldea, Dani Andreu, ha alertado a través del Diari de Tarragona que el pueblo puede entrar en “fallida absoluta” si no se ataja la situación. Por eso pide a la Generalitat que tome medidas urgentes, ya que la mayoría de los afectados son personas mayores y jubilados que tienen todo su dinero en la cooperativa.

La Federación de Cooperativas Agrarias de Cataluña ha emitido un comunicado en el que subraya que en la actualidad las secciones de crédito “son las únicas entidades que están manteniendo la financiación del sector agrario”. La misma Federación señala que la sección de crédito de las cooperativas “sólo trabaja con los ahorros de los socios o socios colaboradores” y que “destinan un tercio de estos depósitos a inversión crediticia para financiar proyectos de la cooperativa o de sus socios”, mientras los dos tercios restantes “se destinan a activos financieros (deuda pública y/o imposiciones bancarias)”.

La organización de las cooperativas agrarias catalanas enfatiza en su comunicado que las secciones de crédito “no son entidades financieras y están tuteladas por la consejería de Economía de la Generalitat, que tiene potestad para inspeccionarlas en cualquier momento y tiene en vigor normativa específica que obliga a las secciones de crédito a respectar un volumen mínimo de recursos propios y limitar los riesgos”.