España alcanzó en 2022 un nuevo récord de solicitudes de asilo al contabilizarse 118.842, un 82% más que en 2021. El país es, así, el tercero de Europa en número de solicitudes por detrás de Alemania y Francia. Sin embargo, solo aprueba un 16,5%, menos de la mitad de lo que la media de la UE (38%), según el informe de la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR).

El incremento de solicitudes se produce «tras dejar atrás las restricciones fronterizas impuestas durante la pandemia y pese a los enormes y graves obstáculos que están teniendo las personas para acceder al procedimiento de asilo».  La CEAR critica «la escasez» de citas que lleva a las personas a tener que esperar en situación irregular entre seis u ocho meses de media para presentar su solicitud de asilo

En cuanto al perfil del solicitante en 2022, CEAR recoge que el 54% era hombres y el 46% mujeres, mientras que los menores de edad supusieron el 18% del total. Además, Venezuela (45.748), Colombia (36.012), Perú (8.937), Marruecos (3.905) y Honduras (3.017) fueron las cinco principales nacionalidades de origen de las personas que solicitaron asilo.

Del mismo modo, llama la atención sobre la ausencia en esta lista de personas procedentes de países en conflicto como Siria, Palestina o Yemen, a quienes, según denuncia la entidad, «se les sigue imponiendo un visado de tránsito que obstaculiza su llegada de forma legal y segura a puestos fronterizos españoles, y para las cuales la organización exige que se elimine dicho visado».

Además, señala que solo el 3,7% de las solicitudes se presentaron en puestos fronterizos, Centros de Internamiento Extranjero (CIE) o a través de extensiones familiares en Embajadas. Por Comunidades Autónomas, las que registraron un número de solicitudes de asilo fueron Madrid (47.658), Andalucía (11.722), Cataluña (10.396), Comunidad Valenciana (7.258) y Canarias (6.446).

Al aumento de solicitudes de asilo, España ha tenido que sumar durante el año pasado a las 161.037 personas procedentes de Ucrania que obtuvieron protección temporal. Para CEAR, la puesta en marcha de los Centros de Recepción, Atención y Derivación (CREADE) ha permitido «aliviar el sistema de asilo y garantizar derechos fundamentales en tiempo récord».

Es por ello que, a través de su informe, reclama que tanto la eficiente respuesta ofrecida por España para la atención de este colectivo, como el modelo CREADE se extienda al resto de solicitantes de protección internacional que tienen que huir por diferentes razones, como el terremoto de Turquía y Siria.

Por otra parte, el informe de CEAR muestra la preocupación, tanto por la cifra de solicitudes aprobadas, como por el de aquellas que se quedan pendientes de resolución.

En el primer caso, la entidad celebra el aumento del número de resoluciones favorables, un 16,5%, frente al 10% del año anterior, pero señala que esta tasa de reconocimiento de protección internacional se encuentra aún muy lejos de la media europea, que se sitúa por encima del 38%. En este sentido ha apuntado que solo Malta y Chipre tienen un porcentaje más bajo de solicitudes aceptadas.

Del mismo modo, advierte del aumento «considerable» de las solicitudes pendientes de resolución». En concreto, ha explicado que son hasta 122.035 las personas que en 2022 estaban pendientes de una decisión de la que depende su vida. De trata de un 17% más que el año anterior y, en su mayoría, de nacionalidad venezolana y colombiana.

El documento también destaca que del total de 86.997 resoluciones, 14.235 fueron favorables con estatuto de refugiado o protección subsidiaria (ambos tipos de protección internacional), lo que supone también una mejoría con respecto a 2021.

La ONG relaciona esta mejora «con un aumento en las solicitudes de protección de personas afganas , quienes tienen una alta tasa de reconocimiento desde la toma del poder talibán en el verano de 2021, así como por el incremento en la concesión de protección subsidiaria a solicitantes de origen ucraniano, que ya se encontraban en nuestro país antes de la invasión con su solicitud en trámite».

«Este incremento de reconocimiento también se explica por el criterio de reconocer la protección a personas procedentes de países en conflicto como Mali o Burkina Faso. Además, las autoridades españolas siguieron recurriendo a la protección por razones humanitarias para resolver la mayoría de las peticiones de personas procedentes de Venezuela (98%)», ha explicado la entidad.

Del mismo modo, la organización alerta con preocupación del rechazo mayoritario de las solicitudes de personas procedentes de Colombia o Nicaragua, pese a las amenazas y las vulneraciones de derechos que se viven en ambos países.

«No te cabe en la cabeza que, por ayudar, tengas el riesgo de morir», ha apuntado José Miguel, defensor de derechos humanos colombiano y refugiado en España, cuyo testimonio recoge el informe. José Miguel define como una «auténtica odisea» su proceso de asilo, ya que le denegaron en primera instancia la solicitud y tuvo que esperar casi dos años para que le reconocieran el estatuto de refugiado tras presentar un recurso.

«La denegación del asilo acarrea una infinidad de problemas que no te permiten adaptarte, ni laboral, ni económica, ni socialmente. No puedes acceder a los servicios de salud, a trabajar, a una cuenta bancaria… Pasé de ser el que brindaba ayuda, al que le necesitaba», ha lamentado.

Finalmente, CEAR vuelve a llamar la atención sobre los enormes obstáculos que encuentran las personas para solicitar asilo de forma legal y segura en el conjunto de la Unión Europea. Aunque el número de llegadas por vía marítima ha descendido en España, aumentó a través de la ruta del Mediterráneo central y oriental. En concreto, según ha explicado, más de 2.900 personas perdieron la vida en el mar tratando de alcanzar costas europeas, al menos 1.170 tratando de llegar a España.

«Reclamamos que se siga mejorando la tasa de reconocimiento y no se deniegue el derecho de asilo a personas que vienen huyendo de situaciones límite», ha apuntado la directora general de la entidad, Estrella Galán, quien ha puesto la tragedia de Melilla como ejemplo de que «el acceso al procedimiento en puestos fronterizos o embajadas y consulados sigue siendo una quimera, y condena a las personas a saltar vallas o a arriesgar sus vidas en el mar debido a la falta de vías legales y seguras para pedir protección internacional».