La vivienda es la principal forma de ahorro para casi 20 millones de familias, que han invertido en ellas unos 3 billones€. Son producto de una inversión realizada bajo determinadas normas que ahora, con esta ley, se cambian de forma drástica. Ello va a generar inseguridad e inestabilidad, además de desconfianza porque afectará a la rentabilidad que los propietarios esperan obtener de su inversión y también a la valoración. Como consecuencia puede que se reviertan las inversiones o la salida al mercado de pisos para alquilar, lo que desembocará en la subida de precios o, según los términos de la Ley, que se tensionen más todavía.

Cabe recordar que la limitación al precio del alquiler aparece después de que muchos propietarios hayan llegado a acuerdos con sus inquilinos para rebajar el alquiler a raíz del confinamiento, con una bajada de sus rentas. Desde el sector privado se han ofrecido planes de ayuda a los inquilinos y esos ingresos, de aplicarse la nueva norma, no se van a recuperar. Las rentas del alquiler son utilizadas en una gran parte como un complemento a la pensión ante la baja rentabilidad de los ahorros, porque el alquiler compensa la diferencia. Si se limita esa opción interviniendo el margen de subida al 2% y al 3%, cuando la inflación muy por encima, se provoca una pérdida innecesaria al propietario. Queda por conocer qué bonificaciones habrá para incentivar a los propietarios a poner sus inmuebles en arrendamiento.

Con esta Ley se hace política social con la propiedad privada de forma coercitiva y dentro de la arbitrariedad, y no se aborda el núcleo del problema. El nivel de precios en España viene determinado por la escasez de suelo, especialmente en las principales ciudades (casco urbano y zonas prime) y principales capitales de provincia. Actualmente existen aproximadamente 228 millones de m2 de suelo residencial edificable bajo gestión urbanística todavía vacantes a nivel nacional, sobre los que se podrían desarrollar hasta 1,4 millones de viviendas que sería absorbidas en un plazo medio aproximado de 20 años. Mientras no se aborde esta cuestión, el problema estará lejos de resolverse.

Carlos Balado, profesor de OBS Business School y director de Eurocofín