Perplejos, confusos y, sobre todo, irritados están los mentores del apocalipsis (la ruina de España) al comprobar que el país avanza con el Gobierno progresista de Pedro Sánchez como no lo hacía desde hace dos décadas. Dicho de otro modo: el socialista Sánchez Pérez-Castejón ha sabido dirigir este país en la peor pandemia (el coronavirus Covid 19) sufrida desde hacía un siglo y ante la feroz guerra desatada por el canalla ruso Vladimir Putin contra Ucrania. Pero además de mantener la economía a flote, el líder del PSOE ha demostrado su predicamento en la Unión Europea (UE), que presidirá a partir del 1 de julio, para mancomunar la deuda y arbitrar fondos contra la pandemia, así como su capacidad de proponer y pactar soluciones para atemperar la crisis energética y de materias primas, provocada por la guerra. Nada que ver con los recortes sociales (le llamaban “reformas”) del liberalismo salvaje ante la crisis bancaria.

¿A quién puede extrañar que el presidente Sánchez haya incurrido en cierto triunfalismo el miércoles, 19 de abril, ante el pleno del Congreso, al referirse a las imágenes de una Semana Santa con la gente en las calles, optimista, con la mayor cifra de empleados desde hace catorce años, con la menor tasa de paro entre los jóvenes, con 20,5 millones de cotizantes a la Seguridad Social, y con un crecimiento económico que nos sitúa a la cabeza de la UE y ha obligado al FMI a elevar su previsión al 1,5% del PIB este año?

Frente al apocalipsis que anunciaban el PP y su gajo más negro y ultraico, se ha dado la circunstancia de que un cuarto de millón de nuevos empleos emana del impulso a la digitalización y al desarrollo sostenible incentivado por el Ejecutivo y sin perder competitividad, como reflejan los datos de exportación. Frente a las descalificaciones (“Gobierno frankenstein”, “socialcomunista y bolivarianos”, etcétera), ha ocurrido que las “reformas” no han sido “recortes” sino recuperación de derechos laminados por la derecha –“Nosotros hacemos reformas para dignificar la vida de la gente”, afirmó el Presidente–, y frente a la provocación de bulla y malestar ciudadano, ha sucedido lo incomprensible para la derecha: tanto la reforma laboral como la de pensiones se han realizado con paz social, es decir con diálogo, negociación y acuerdos de los agentes sociales y el Ejecutivo. La ratificación parlamentaria ha dejado a la derecha en el “no”.

El legítimo orgullo del jefe del Gobierno por lo que calificó de “éxito de país” –“No diré que España va bien (lema aznariano), pero España avanza”, dijo– se ve empañado, no obstante, por la escalada de la cesta de la compra y la inflación. En este sentido se mostró dispuesto a adoptar nuevas medidas para ayudar a las familias con menos renta. Aunque Sánchez no mencionóx en  expresamente la sequía, varios miembros del Ejecutivo reconocen que es el principal problema del país, y no sólo para atajar la inflación, sino también para la supervivencia de numerosos agricultores y ganaderos. Con el 60% del territorio con los pluviómetros a cero durante la segunda mitad del invierno y lo que llevamos de primavera, de poco sirve negar la “emergencia climática” como hace la derecha en Castilla y León.

Sánchez se refirió, en cambio, a la desecación de Doñana (usurpación de los acuíferos para producir fresas), que calificó de “atropello”. Con tono enérgico pidió al Gobierno andaluz del PP y a sus aliados del Vox que retiren la ley que viene a legalizar los pozos clandestinos. Y se mostró tajante en la defensa de “la mayor reserva ecológica de Europa”, con especies únicas en peligro de extinción como el lince ibérico o el águila imperial. El daño del atropello contra Doñana afecta también a la atmósfera, pues el parque es un sumidero natural de carbono con una capacidad equivalente a 1,4 millones de árboles. Así lo remarcó Sánchez antes de afirmar que “Doñana se salvará si hacemos caso a la ciencia”.

El dirigente socialista, que ha dejado para el final de la legislatura otro de los grandes problemas del país, como es la vivienda, adelantó su agradecimiento a los grupos de izquierda que apoyan “la primera ley de vivienda de la democracia” y avanzó el proyecto de financiar la promoción de 43.000 viviendas nuevas y rehabilitadas para alquiler a precios asequibles. A dicho cometido se destinarán 4.000 millones de euros de los fondos europeos a través del ICO. El anuncio se suma al proyecto de asignar a las autonomías y ayuntamientos las viviendas, edificios sin acabar y solares en manos del Banco malo o Sociedad de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria (Sareb), con el fin de que puedan regularizar la situación de unas 14.000 viviendas sociales y construir otras 15.000 en los solares asignados.

“La banca recibió 58.000 millones de euros”, recordó el Presidente antes de afirmar que “es de justicia recuperar una mínima parte”. Sobre la nueva ley insistió varias veces en el mandato constitucional: “Que la vivienda sea un derecho, no un problemón”. Con ese objetivo señaló que hoy se han multiplicado por ocho los 470 millones de euros que el Gobierno de Rajoy destinó a vivienda en 2017 y manifestó su propósito de convertir el derecho a techo en el quinto pilar del Estado del Bienestar.