En el segundo escalón administrativo español, el que corresponde a las comunidades autónomas, no es posible justificar que a más impuestos, menos déficit o menos deuda, si no todo lo contrario. Esta paradoja no va a ser fácil resolverla ni cambiando radicalmente el sistema de financiación ni intentando una armonización  de la fiscalidad de las autonomías, que no puede ser más heterogénea.

A los electores les puede resultar interesante, porque, al fin y al cabo se trata de su dinero, el cruce de los datos de deuda de las comunidades autónomas  en sus volúmenes totales y en relación con sus respectivos productos. Cataluña es la más endeudada en volumen  (84.327 millones de euros) aunque en términos de PIB (33,4 por ciento) ocupa el segundo lugar. La Comunidad Valenciana, es la segunda más endeudada (55.032 millones), pero respecto a su PIB es la primera de España (44,4 por ciento). En ambos casos tienen un elevado número de impuestos autonómicos, aunque con cifras distantes. Mientras Cataluña tiene quince en vigor, la Comunidad Valenciana tiene siete, una menos que el año pasado. Ambas superan la media nacional de figuras impositivas propias de las comunidades autónomas, que es de cinco.

Llama la atención el elevado endeudamiento de Castilla La Mancha (15.520 millones de euros), que la sitúa en el quinto puesto por volumen, pero escala hasta la tercera plaza en deuda sobre PIB. Esta comunidad tiene tres impuestos propios, aunque uno de ellos está en suspenso. Lo mismo se podría decir de la Región de Murcia que, aunque en volumen ocupa el lugar octavo (11.395 millones de euros) en la relación con el producto regional es la cuarta. Esta comunidad tiene cinco impuestos propios, uno menos que el año pasado.

La Comunidad de Madrid es la cuarta más endeudada de España (34.821 millones de euros), pero ocupa el último lugar en relación con su PIB, el 13,5 por ciento y no tiene ningún impuesto autonómico. Caso bastante distinto es Andalucía, que siendo la tercera más endeudada (37.870 millones de euros) ocupa el noveno lugar en duda sobre el PIB (21,4 por ciento). Esta comunidad tiene en vigor en la actualidad ocho figuras impositivas propias, el mayor número tras Cataluña.

Respecto a las comunidades con regímenes forales, el País Vasco ocupa el noveno lugar por el volumen de su deuda (10.821 millones de euros) y el penúltimo lugar respecto a su producto (13,7 por ciento). Por lo que se refiere a Navarra, en volumen es la decimosexta (3.158 millones de euros) y en relación con su PIB es la decimocuarta (14,1 por ciento).

Entre las comunidades autónomas que han reducido este año el número de impuestos propios, además de las ya mencionadas, se encuentran Cantabria (de cuatro a tres), Extremadura (de cinco a cuatro), Islas Baleares (de cuatro a tres) y Castilla y León (de dos a uno). Aunque a algunos les sorprenda, hay que destacar, por lo que tiene de buen gobierno, que hay seis comunidades autónomas que en 2022 han reducido su deuda respecto a un año antes, a pesar de la dureza de la situación post pandémica. Se trata de Aragón, Asturias, Baleares, Cantabria, La Rioja y el País Vasco.  Eso quiere decir que el resto han empeorado sus cifras, excepto Cataluña que ha quedado en tablas con las cifras de 2021.

Como decíamos hace un par de semanas, el sistema de financiación autonómica requiere una reforma en profundidad. Tras las elecciones generales, el Gobierno que salga de ellas debería poner los pactos para llevarla acabo en su agenda de máxima urgencia.