El DOUE de 24 de abril publica una referencia al Informe especial 09/2023 del
Tribunal de Cuentas Europeo (TCE) «Asegurar las cadenas de suministro de
productos agrícolas durante el COVID-19 – La respuesta de la UE fue rápida,
pero poco específica por parte de los Estados miembros».

Este informe está disponible en español y tiene 42 páginas. Este comentario se
basa en el comunicado de prensa en este idioma.

La rápida actuación de la UE permitió que la comida llegara a nuestros
hogares durante la pandemia

– La UE proporcionó rápidamente 712 millones € en ayudas directas.
– La ayuda no se orientó suficientemente a los sectores y agricultores más
afectados.
– En algunos casos, existió el riesgo de que la ayuda estatal falseara la
competencia.

La UE reaccionó rápidamente a la amenaza que la pandemia de COVID-19
planteó a las cadenas de suministro agrícola. Las distintas medidas de la UE
contribuyeron a limitar la perturbación del sector agroalimentario. No obstante,
según concluye el TCE, si en el futuro aconteciera una crisis similar, el apoyo
de la UE sería más eficaz si se proporcionaran ayudas más específicas a los
sectores y a los agricultores que realmente las necesiten.

La pandemia de COVID-19 repercutió en las cadenas de suministro de
productos agrícolas del agricultor al consumidor. El transporte de productos,
principalmente el transfronterizo, quedó obstaculizado. Los supermercados
sufrieron problemas de abastecimiento. La respuesta de la UE se concretó en
varias medidas, tales como directrices para garantizar una cadena
agroalimentaria eficiente en la UE y clasificar a los trabajadores de temporada
de «esenciales», facilidades a la ayuda estatal, y medidas excepcionales de
intervención en el mercado.

En su informe, los auditores subrayan la rapidez de la UE en su respuesta.
Justo al inicio de la pandemia, la Comisión Europea (CE) emitió las directrices
sobre carriles verdes relativas a la circulación de mercancías y trabajadores
esenciales que mitigaron las perturbaciones en el sector agroalimentario.

Asimismo, se estableció rápidamente un marco de ayuda directa de 712
millones € mediante la reasignación de fondos no utilizados del Fondo Europeo
Agrícola de Desarrollo Rural (Feader), que proporcionó hasta 7.000 € por
agricultor y 50.000 € por pyme. Por último, la principal respuesta fiscal a la
pandemia procedió de los presupuestos nacionales y la UE facilitó sin demora
medidas de ayudas estatales. No obstante, los niveles de ayuda pública
presentaban grandes variaciones entre países de la UE. Así ocurrió respecto
de los dos mayores productores de plantas y flores: las ayudas estatales alcanzaron casi el 9% del valor de la producción de este sector en los Países Bajos, mientras que en España fue muy inferior (0,3%). Esta diferencia puede crear competencia desleal.

Paralelamente, las ayudas directas no se destinaron suficientemente a los
beneficiarios más necesitados. Muchos países de la UE (como Polonia,
Rumanía, Grecia, Italia y España) apoyaron a los agricultores de un sector
determinado independientemente de que hubieran sufrido o no pérdidas. En
consecuencia, es posible que algunos agricultores recibieran ayudas aunque la
crisis no los hubiera afectado. Otros recibieron compensaciones excesivas. Por
ejemplo, se estima que la compensación recibida por algunos productores de
uva de Andalucía podría triplicar el importe de sus pérdidas.

También en la industria vitivinícola, la CE aplicó medidas de retirada definitiva
(destilación de crisis) o temporal (almacenamiento de crisis) del vino del
mercado para reducir la oferta excesiva. No obstante, las grandes diferencias
en la concesión de ayudas generaron desigualdad de trato. Los auditores
advierten de que esto constituye discriminación entre productores de vino,
además de incumplimiento de las normas.

Información de referencia

En su trabajo, los auditores comprobaron la aplicación de las medidas de la UE
en cinco Estados miembros: (Grecia, España, Francia, Polonia y Rumanía),
que representaban el 69% de los importes asignados como ayudas directas
excepcionales a los agricultores y a las pequeñas y medianas empresas, y el
87% de los importes destinados a la destilación de crisis.