El pleno del Congreso de los Diputados  ha aprobado este jueves el proyecto de Ley por el Derecho a la Vivienda con 176 votos a favor y 167 votos en contra y una abstención (BNG).

La futura Ley de Vivienda, que aún debe pasar el trámite del Senado, ha contado con el apoyo de  PSOE, Unidas Podemos, Esquerra Republicana (ERC), Bildu, Más País, Compromís, el PRC y Teruel Existe, mientras que el BNG se ha abstenido, aunque ha vertido críticas por la invasión de competencias.

Los votos en contra procedieron de los diputados del PP, Vox, Ciudadanos y Foro Asturias, pero también el PNV (tras un cambio de última hora desde la abstención), Junts, PDeCAT, la CUP y Coalición Canaria, estos últimos alegan invasión de competencias del Estado hacia las comunidades autónomas.

La nueva ley ha permanecido bloqueada más de un año, y tras el trámite de este jueves pasará al Senado. El objetivo del Gobierno es acelerar su tramitación para que la nueva ley entre en vigor antes de las elecciones autonómicas y locales del próximo 28 de mayo.

Entre otras medidas, está previsto limitar la subida del precio del alquiler en toda España. Con ello, se espera rebajar la figura del gran tenedor de vivienda de 10 a 5 inmuebles en determinados casos y se impedirá a estos propietarios que puedan desahuciar a inquilinos vulnerables sin un acto de conciliación o arbitraje previo.

De momento, la futura ley mantiene el límite del 2% para 2023 en la subida del alquiler y lo eleva hasta el 3% en 2024. Además, antes del 31 de diciembre del próximo año se deberá haber creado un nuevo índice de referente aplicable al territorio nacional, al margen de la evolución del IPC.

Además del mencionado recorte de 10 a 5 inmuebles para los grandes tenedores, la ley extenderá a las personas físicas las restricciones para arrendadores contempladas en las zonas tensionadas.

Junto a estos cambios, la nueva regulación incorpora una batería de medidas para dificultar los desahucios de personas en situación de vulnerabilidad económica. Y se especifica que los desahucios no podrán realizarse sin haber fijado una fecha y hora con anterioridad.

La ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Raquel Sánchez,  ha apostado por que estemos ante un «punto de no retorno» y que los avances en los derechos de los ciudadanos a acceder a una vivienda sean ya  «irreversibles».

Raquel Sánchez también ha trasladado un mensaje de agradecimiento a todas las formaciones que van a hacer posible la primera Ley de Vivienda de la democracia y que ha extendido también a la ministra de Derechos Sociales, Ione Belarra, de la que ha destacado su trabajo y compromiso, así como al personal del ministerio y al secretario de Estado, David Lucas.

Después de tres años de negociación, con el texto bloqueado en el último año, la ministra ha asegurado que esta ley es sólida jurídicamente y no va en contra de nadie, protege a arrendatarios y arrendadores, a compradores y vendedores, a los vulnerables y a los parques públicos de vivienda.

Por último, ha insistido en que el texto respeta el marco competencial de las comunidades autónomas y se centra en la cooperación y la colaboración. El motivo aducido por el PNV y otros partidos nacionalistas para no apoyar la nueva regulación.

Por su parte, Ione Belarra que también ha subido a defender la ley en la tribuna de oradores,ha señalado que si antes no ha sido posible una Ley de Vivienda estatal en la democracia española, es porque la política de vivienda del país es la historia de la «gran estafa española». En concreto, ha indicado que hasta el momento la vivienda en España se ha convertido en un «gran negocio» construido bajo el «consenso del pelotazo» y de la «especulación».

También ha denunciado Belarra que el alquiler se ha convertido en una «máquina de extraer recursos» a las «clases populares» y la «gente más humilde». Es así, dice la ministra, porque durante demasiado tiempo «el mercado de la vivienda en España ha sido la ley de la selva» y siempre se ha puesto del lado «de quien más tiene».

Entre otros puntos, la ministra de Derechos Sociales ha remarcado que la norma comienza a intervenir el mercado del alquiler «de manera estructural», amplía la protección a inquilinos vulnerables en desahucios y se comienza a movilizar el «enorme» volumen de viviendas vacías en España.

Podemos y PSOE defienden el «cambio de paradigma» con la nueva ley

Por parte de Unidas Podemos, Pilar Garrido, ha subrayado que la ley cambia de «paradigma» la vivienda en España, porque asume esta materia como un «bien esencial» y no como un «bien de mercado».

No obstante, ha hecho hincapié que «quedan pasos por dar» para alcanzar un alquiler «seguro» y «asequible», así como para que los sindicatos de inquilinos puedan estar presentes en las negociaciones con grandes propietarios. En lo relativo a desahucios, ha explicado que lo que introduce la ley es un proceso «garantista» para las familias vulnerables.

Por último, el diputado por Huelva del PSOE, José Luis Ramos, ha defendido que con la aprobación de la norma se termina de construir el Estado del Bienestar, porque sin una vivienda digna, ha dicho, «ni se puede estar sano, ni se puede ejercer el derecho a la dependencia».

ERC y Bildu consideran la ley necesaria

Frente a las alegaciones de supuesta invasión competencial que han hecho formaciones como PNV, PDeCAT, Junts o la CUP, la diputada de ERC, Pilar Vallugera, ha comenzado su intervención reconociendo que las competencias de vivienda son exclusivas de las comunidades autónomas, pero ha recordado que en Cataluña se publicó una ley de contención de rentas y el Tribunal de Constitucional la recurrió.

«¿Queremos intervenir el mercado de rentas de alquiler o nos vamos a quedar defendiendo su posición de no intervención?», ha reprochado Vallugera a formaciones como PDeCAT, Junts y PNV.

Adicionalmente, ha hecho un inciso a varias formaciones por sus referencias a la supuesta ‘okupación’. «¿A quién llaman ustedes ‘okupas’, a los que no han podido pagar la hipoteca después de 15 años y por dos recibos van a perder todo lo que han invertido? Esos son vecinos que pasan por un mal momento», ha remachado.

Por su parte, el portavoz adjunto de EH Bildu, Oskar Matute, ha apuntado que la ley es «un paso corto, pero necesario». Y es que, en su opinión la alternativa sería la «desregulación» del mercado para que los grandes propietarios «campen a sus anchas». También ha incidido en que «lejos de ser un texto centralizador, es habilitante».

PP, Ciudadanos y Vox cargan contra la ‘okupación’

Además del tema competencial, otro de los asuntos que ha generado críticas con esta norma ha sido la ‘okupación’, ya que para grupos como PP, Ciudadanos o Vox da cabida a esta práctica.

De hecho, Vox ha desechado por completo la idea de apoyar la ley, porque a su parecer, expresado por Iván Espinosa de los Monteros, la norma da «amparo de la ‘okupación'», supone un «deterioro de la seguridad jurídica» y también generará unos «precios del alquiler disparados». «Consolidad a España como un paraíso de los ‘okupas'», ha llegado a decir en su intervención.

La portavoz de Ciudadanos, Inés Arrimadas, ha comenzado su intervención diciendo que el texto es «electoral», «vacío» y «contraproducente». Esto es porque, a su juicio, interviene precios, algo que «no funciona», y aporta «inseguridad jurídica a los propietarios».

Del lado del PP, Ana María Zurita Expósito ha dicho que la ley solo favorece a los ‘okupas’ y también ha advertido que la norma «caerá» ante el primer recurso de cualquier comunidad autónoma por el asunto competencial.

Además, ha denunciado que los propietarios privados tendrán más obligaciones que las entidades públicas de vivienda. Por todo ello, la diputada del PP ha advertido que la norma tendrá «muchos efectos indeseados».