Los calendarios europeos deparan estas sorpresas. La presidencia española del Consejo de la Unión durante el segundo semestre de este año va a coincidir con el periodo de negociación para el regreso a la disciplina fiscal, que fue suspendida con motivo de la epidemia de COVID 19. Abreviando, uno de los países que se van a encontrar con más dificultades para embridar el déficit y la deuda, España, tendrá que firmar al pie del documento que a partir del primero de enero de 2024 guiará los pasos para reducir el déficit y la deuda hasta el 3 por ciento y hasta el 60 por ciento del PIB, respectivamente.

En esta época es muy difícil de avizorar cuál va a ser el resultado de las negociaciones, aunque los límites vigentes hasta la suspensión van a ser los mismos. De lo que se trata es de establecer calendarios y si éstos van a ser generales o de alguna manera van a ser individualizados. O sea, además de armonizar en lo posible las tradicionales diferencias de enfoque entre los países llamados frugales y los países llamados gastadores (o despilfarradores, según los casos), habrá que consensuar de qué tiempo dispone cada uno para enderezar el rumbo de sus cuentas. Esta variable será la más difícil de acordar porque, sobre todo en el pelotón de los torpes en el que nos encontramos, cada país intentará no sólo obtener más plazo, sino que su plazo sea el más largo, para venderlo como un triunfo en el mercadillo político interno (y aquí hay elecciones a final de año).

Si son cuatro años para poner en orden las cuentas o pueden llegar a siete los que lo tengan más difícil es algo que todavía cuelga de los cuernos de la luna. Lo sustancial y de lo que primero tendremos conocimiento cabal es de las pretensiones de cada país y de la fuerza que puedan exhibir los dos bloques que se formarán entre los rígidos y los laxos (los llamo así para no herir susceptibilidades).

De la actitud de nuestro país ya tenemos cuenta. Intentar alargar lo más posible la corrección del déficit y una reducción de deuda pausada. El Gobierno no piensa más que en presentar a los españoles como un triunfo en la campaña electoral el que podrá seguir gastando a manos llenas, aunque nos llegue alguna reprimenda o alguna multa desde Bruselas.

Como arietes de esa actitud tenemos  dos vicepresidentas, una ministra de Hacienda y un ministro de Inmigración y etcétera. Éste último ya ha soltado la primera sandez, al abogar porque no se tenga en cuenta a efectos de las correcciones fiscales el gasto social, un concepto muy lejos de ser unívoco y que a un servidor le recuerda esas presentaciones de Presupuestos en los que se pone el énfasis en que una parte sustancial del empleo del dinero público es gasto social. El ministro barre pro domo sua, para seguir gastando el dinero de los españoles con la soltura que lo hace en su Departamento y para mantener el castillo de naipes de su reforma de las pensiones.

Si la actitud de racanear la mínima disciplina fiscal, que consiste en no gastar más de lo que se ingresa y en reducir lo que se debe, es la que lleva el señor Sánchez a su flamante presidencia europea, puede que obtenga algún rédito político en esta España alegre y confiada en que cada ciudadano debe, por el hecho de serlo, más de 31.000 euros, aunque no lo sepa.